En lo poco que va del año 2023, persisten inquietudes y temores. El ambiente no es bueno; la sociedad está dividida y las libertades democráticas son cuestionadas por el poder, lo que suele conducir al autoritarismo. Es que no hay disposición —ni la hubo antes— para escuchar opiniones ni para recibir iniciativas y, lo que es peor, no hay ánimo para atender justos reclamos, como la detención del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, que tiene en pie de guerra a la población cruceña y a varios otros departamentos en las calles con marchas y protestas desde el 28 de diciembre pasado.
Estos reclamos —que continúan— están siendo duramente reprimidos por la fuerza policial, mientras el poder convoca al diálogo e indica que es un tema judicial y por otro pide/exige/amenaza asuma la Gobernación del departamento de Santa Cruz el Vicegobernador.
Esta conducta oficial es la que ha predominado en más de una década. Hubo conformismo, si vale el termino, pues las muestras de rebeldía fueron escasas y limitadas. Ahora, sin embargo parece la cosa esta cambiando pues la causa es una lucha democrática y ya no política o solo de un departamento, sino de la gran mayoría de los ciudadanos que, por lo visto hasta ahora, tienen el propósito de resistir a la injusticia.
Robert Kennedy dijo que «el futuro no les pertenece a quienes se conforman con el presente». Es que en estos casos, la resignación equivale a la capitulación, a la renuncia de aspiraciones y, al fin, a no avizorar un país en el que predomine la justicia y la libertad.
Un mal cálculo inicial: Se creía que los populistas serían convencidos de que, para gobernar en paz y asegurar el bienestar, no valen los caprichos, las torpezas y las injusticias; y menos aún el ansia de poder ilimitado. Sucede, sin embargo, que hay empeño en el predominio, aun contrariando la voluntad ciudadana.
Ahora hay otro mal cálculo: el oficialismo no reconoce que hay insatisfacción y rechazo general a un modo de gobernar ajeno a la auténtica democracia que se funda en la plena libertad de los ciudadanos, en la preservación del Estado de Derecho y en el goce de la protección de una Administración de Justicia independiente y proba.
