por: Raúl Pino-Ichazo Terrazas
En un adelanto que leí sobre la reforma judicial se afirma que el tema medular es el incremento de sueldos a los jueces, lo cual es un desatino pues no se puede seguir alentando la corrupción que reside en la mayoría de los jueces como una costumbre endémica. Continuaré insistiendo sobre la reforma desde las bases pues reformar es mejorar disruptivamente el aspecto funcional de la justicia, no maquillajes.
El problema de la auto-obligación del Estado que denota conciliar al Estado como autoridad creadora e inspiradora del Derecho, con la sumisión de aquél al ordenamiento jurídico que es propiamente el Derecho y cuya realización usualmente nunca es obedecida por los políticos. Este incumplimiento endémico que se suscita en casi la mayoría de los sucesivos gobiernos es un emprendimiento difícil y azaroso pues se trata de que el Derecho deba imponerse a un poder que lo crea y lo sanciona.
Las lectoras y lectores se preguntarán indefectiblemente cómo el Estado puede someterse al Derecho si a éste lo corporizan los jueces y operadores judiciales que, como todos conocemos, no imparten la justicia con equidad, aplicando las leyes intelectivamente a través de una profunda interpretación que utiliza sistemas que no son nada fáciles pero obligatorios a la condicion de juez, para desentrañar la verdad y de esta forma satisfacer tanto al demandante como al demandado. Cuando demandante y demandado concluyen un proceso a su satisfacción es indicativo incontestable que se impartió justicia.
Muchas personas escriben sobre la necesidad de una inmediata reforma judicial, empero, siempre son postulados abstractos, sin concisión hacia la veraz reforma: ninguna de las sugerencias aborda con seriedad el tema de la formación que es crucial y fundamental para impartir justicia con aproximación a la perfección en la aplicación e interpretación de las leyes.
No somos subnormales para no comprender que cualquier persona sin formación académica, posgrados especializados y experiencia probada, además de otras exigencias, no puede ser juez en la judicatura del país. La exigencia para ser juez y ser capaz de asumir con humanidad ese delicado cargo se circunscriben solo a la formación: en los países adelantados se establecen dos exámenes exigentes en su contenido práctico sobre temas jurídicos y cuya calificación debe ser 8 sobre 10 como mínimo; si falta una décima queda reprobado y deberá repetir toda la instancia académica.
Los temas que se estudian son Latín, Matemáticas, Filosofía del Derecho (aquí se aprende al interpretar las leyes con concisión y profundidad filosófica) y Sociología como complementación al estudio de Derecho en una buena universidad. Un postulante a juez debe haber absuelto el estudio del Derecho con notas satisfactorias sin reprobaciones; luego aprobar un masterado en la materia de su preferencia y solo debería postular sobre ella para ser titular en un juzgado. En Bolivia un juez, sin formación adecuada, dicta sentencias usualmente dentro de un fuero determinado: civil, penal contencioso administrativo, laboral, familiar militar; materias en las cuales no está impuesto académicamente.
Y sigue la formación pues los futuros jueces deberían absolver dos años de preparación hasta que llegue la fecha de su segundo examen que, de aprobarlo, los habilita plenamente y con idoneidad para postularse para juez. Los postulantes a médicos deben también vencer esa exigencia y lo hacen; hago esta equiparación pues la Medicina y el Derecho son ciencias sociales por excelencia.
Existe una escuela de jueces en Sucre que debería constituirse en la formadora estricta e incorruptible de su misión y para ello surge indómita incógnita: ¿Quiénes son los que enseñan en dicha escuela? Se sobreentiende que serán los más renombrados y capacitados, con experiencia superior a los 10 años en la cátedra, posgrados y masterados, además de publicaciones académicas, libros con registro ISBN y experiencia en la judicatura.
Los jueces además deben asumir su obligación como formadores de los jóvenes estudiantes en las universidades.
Finalmente, por limitaciones de espacio, estas exigencias para la formación de jueces que alberga el objetivo de proteger a la población pues sufre de injusticia desde la fundación de la República y de pánico de verse involucrado en la justicia ordinaria, deben ser incorporadas como ley, de tal forma que cada ciudadano sepa y pueda exigir la formación del juez que le asignen y si no la tiene solicitar indeclinablemente su excusa; esta reforma evitaría sin duda los acostumbrados nombramientos políticos, pues los apadrinados por políticos carecerían de estos consistentes requerimientos, poniendo fin al avasallamiento del poder ejecutivo al judicial.
Las sentencias inequitativas e injustas desestructuran a la persona de por vida, la desmotivan a vivir y destruyen todo lo construido como el hogar, los emprendimientos y planes para su entorno.
Abogado con posgrados en Arbitraje y Conciliación, Alta Gerencia para abogados, Filosofía y Ciencia Política (Maestría) Derecho Aeronáutico, Docencia en Educación Superior, Interculturalidad y Educación Superior, doctor honoris causa en Humanidades.
