El senador de Creemos Henry Montero denunció que luego de siete años de investigación, el caso de la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), con un posible daño económico de 60 millones de bolivianos, pasó por la mano de 11 fiscales, tuvo siete años de investigación y no hay sentencia ni resarcimiento al Estado.
“Es alarmante, al igual que en varios casos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales, después de más de siete años, no hay ningún investigado recluido, sino que todos gozan de libertad y el proceso en contra ellos avanza a paso de tortuga y hacia la impunidad, según los datos proporcionados por el Ministerio Público”, afirmó Montero de acuerdo con una nota de prensa.
Explicó que respuesta a una petición de informe escrito, el fiscal general Juan Lanchipa informó que “al presente, dentro del caso acumulado LPZ1415075 no se tiene aplicada la medida cautelar de la detención preventiva en contra de ninguno de los investigados”.
Lamentó que la fiscalía general del Estado no asuma acciones para “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y del Estado, oportunamente” como manda la Constitución y las leyes, ante el daño económico millonario a los bolivianos.
Dijo que la Fiscalía alega que el caso que viene de diciembre de 2015 se encuentra en “etapa preparatoria” y existe “requerimiento conclusivo de acusación”. Puntualizó que pidió adjuntar documentación del trabajo de siete años y cuatro meses, pero no recibió ningún documento.
Según la respuesta oficial, el caso fue conocido por los siguientes fiscales: Javier Flores Huanca, Fernando Villaroel Barrios, Rudy Nelson Terrazas Torrico, Randal Mardoñez Calanis, Gregorio Blanco Torres, Oscar Campero Aranibar, Juan Carlos Soria Carpio, Moisés Alexis Vilela Dorado, Alejandro Gamboa Mendoza, Boris René Flores Cangri y hoy radica en el despacho de Gustavo Reynaldo Balderrama Tola.
Manifestó que el fiscal Lanchipa “no informa si fueron resarcidos en parte o el total el daño de al menos 60 millones de bolivianos al Estado. Anunció que pedirá al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado asuman acciones para recuperar los recursos de los bolivianos.
La Empresa fue creada el 13 de junio de 2012 por el presidente Evo Morales Ayma para trabajar obras con un crédito chino de 50 millones de dólares y el ante el incumplimiento de contratos y el mal manejo administrativo, se decretó el cierre de la empresa y los activos pasaron al Ejercito Nacional.
En una interpelación en octubre de 2016, el entonces ministro de Defensa, Reymi Ferreira, explicó ante la Asamblea Legislativa que la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) asumirá las deudas de la empresa ECE y el Ejército se ha «subrogado el crédito» con lo que descartaría un “daño económico en contra del Estado».
La Fiscalía General por su lado, reportó que el 15% de la maquinaria pesada que se encuentra en Santa Cruz está funcionando y el otro 85% está en un estado que prácticamente ocioso, es decir que faltan repuestos para los equipos.
