La cantidad de crudo derramado en el mar en Perú fue el doble de lo que se había informado hasta ahora, anunció el Gobierno, mientras que la justicia prohibió salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol y ordenó la “incautación” del buque tanque involucrado.
“Tenemos una cifra ya hasta el momento de 11.900 barriles” vertidos al mar el 15 de enero, en vez de los 6.000 informados hasta ahora, dijo el ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez.
Repsol confirmó que la cifra de crudo vertido al mar es superior, pero dio una cantidad menor a la indicada por el ministro.
El derrame, calificado como “desastre ecológico” por el Gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
En tanto, el viceministro de Medio Ambiente, Alfredo Mamani, ratificó que “el nuevo estimado es de 11.900 barriles, (tal) como dijo el señor ministro”.
La mancha negra de crudo ha sido arrastrada por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería, según la Fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas.
Además, dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.
“A la fecha se tiene ya 4.225 barriles recuperados” del mar y de las playas, poco más de un tercio del total, explicó el viceministro.
Por su lado, Repsol expresó en un comunicado en Lima que “la cantidad de petróleo derramado es de 10.396 barriles y de esto, el 35% ya ha sido recuperado”.
Prohibición judicial
La justicia peruana prohibió salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.
“Se declara fundado el requerimiento de la fiscalía”, dijo el juez Romualdo Aguedo en una audiencia virtual, al dictar la orden para prohibir la salida.
La justicia peruana aprobó además la “incautación” del buque involucrado en el derrame, que estaba con prohibición de zarpar de la Capitanía de Puerto del Callao, donde permanece fondeado a seis millas, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas./AFP
