En las últimas horas, se alertó que el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno nacional, pretende cambiar el presupuesto departamental a favor de la Región Autónoma del Chaco, vulnerando la Ley Departamental N° 434 y la autonomía departamental, designando un total de 23.699.533 bolivianos, que significan el 74% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), netos que recibe el departamento de Tarija.
Este cambio ilegal que pretende ejecutar el gobierno nacional en componenda con el gobierno regional del Chaco, afecta a varios programas y proyectos que fueron aprobados por el Gobierno Departamental de Tarija, especialmente en el área de salud y la lucha contra la pandemia del coronavirus y al fortalecimiento a los pueblos indígenas del Departamento.
Por ejemplo, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, destinó 4.535.775 de bolivianos al Programa COVID del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, 1.500.000 de bolivianos al Programa COVID del Hospital Virgen de Chaguaya de la ciudad de Bermejo, sin embargo, el 100% de estos recursos fueron transferidos de manera irregular por el Ministerio de Economía al Chaco, dejando de esta manera, sin recursos económicos a los dos nosocomios para continuar la lucha contra la pandemia. De la misma manera, se quito 930.864 de un total de 1.002.004 de bolivianos al Programa COVID del Servicio Departamental de Salud (SEDES), que son destinados a la detección de la enfermedad, atentando de manera directa a la salud de los tarijeños.
En el caso del fortalecimiento a los pueblos indígenas de Tarija, la Gobernación destinó en el POA 2022, 1.500.000 de bolivianos para cada pueblo indígena, vale destacar que es la primera vez que una gestión departamental destina recursos de manera directa para el pueblo Guaraní, Weehnayek y Tapiete, sin embargo desde el gobierno nacional, se redujo a los Guaranís, 372.612 bolivianos, a los Weehnayekes 449.828 bolivianos y a los Tapietes la suma de 456.612 bolivianos, es decir, aproximadamente un tercio del presupuesto inicial.
Además de estas reducciones ilegales, el nivel central del Estado, pretende afectar a varios proyectos de inversión, reduciendo el 100% de los recursos destinados a estos proyectos, como por ejemplo, a la construcción del tramo Bermejo – San Antonio, a la reconstrucción del puente sobre el río San Telmo, ambos proyectos del municipio del Puente y la reconstrucción del puente Agapo, en el municipio de Padcaya, estos tres proyectos son una respuesta de la actual gestión de la Gobernación, a la demanda histórica de ambos municipios.
Pero no solo es la provincia Arce la afectada con el cambio en el POA 2022, también se pretende afectar a la construcción del puente vehicular Pinos Sud – Calderillas, en la provincia Cercado, a la construcción del asfaltado Moto Méndez – San Mateo en la provincia Méndez y a la construcción del asfaltado del tramo Yunchará – Cruce Mojos, en la provincia Avilés.
Sin embargo, O’Connor es la provincia más afectada en las pretensiones del gobierno del MAS, dejando sin presupuesto a los proyectos de construcción del puente sobre el río Pajonal, el asfaltado Saladito – Timboy – Tabasai, asfaltado en la Quebrada Las Vacas – Salinas y el asfaltado camino Entre Ríos Quebrada – Las Vacas.
Finalmente se pretender reducir el presupuesto del Plan de Seguridad Ciudadana quitando dos tercias del presupuesto inicial y al Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), reduciendo 354.000 bolivianos. En total el Ministerio de Economía, pretende reducir más de 23.6 millones de bolivianos al POA 2022, atendiendo las presiones políticas de algunas autoridades chaqueñas.
