El literato Graham Greene decía “Ser humano también es un deber”. La Psicología Social, explica que, somos cada uno de nosotros en lo que entendemos cuán importantes son los nexos como origen de nuestras creencias, pensamientos, emociones y acciones: a través de los demás, comprendemos el amor, el odio, la sensatez, la envidia, la aprobación, la motivación, el rechazo, la crítica negativa y la positiva; reconocemos, desde la individualidad, que, los humanos somos criaturas sociales, que, sin un nosotros perdemos el sentido, el norte, el entorno, nuestras potencialidades. Nacemos hombres y mujeres, pero sin la relación con el prójimo, nuestra naturaleza no es la de convertirnos en seres humanos. La humanidad surge de los valores, los hábitos y las pautas sociales que nos inculcan y que aprendemos de nuestras interacciones. Somos humanos cuando nos transformamos en portadores de esa cultura social, para empezar. Cuando aprendemos; cuando somos permeables y proyectores de solidaridad, de respeto. Cuando somos la garantía de que se perpetúe el bienestar y la convivencia. Entendamos, entonces que, Humano significa cívico. Y, por ende, civismo, término de origen latino, civis, se traduce como ‘ciudadano’. El civismo es, pues, un metavalor, ya que acoge como concepto que exista el respeto, la solidaridad, la cooperación, las buenas formas, la moderación, la discreción, la empatía, la voluntad, el esfuerzo o la generosidad. Del comportamiento excelso de cada ser humano obtenemos los sedimentos de la salud ética y estética de un pueblo. El civismo no solo resulta imprescindible para la creación de la cultura, sino que solamente es posible desde el yo, desde cada individuo y sus pequeños detalles.
De ahí que reivindico profundamente la pedagogía del civismo, tal como señalo insistentemente en varias notas de prensa. La importancia que se concede al valor del civismo representa una recuperación de la ética de las virtudes, tal y como la concibió Aristóteles, para quien las virtudes eran el eje de la ética y también de la política. Falta a nuestra sociedad, actuar en función del valor cívico, fruto de ello, el avasallamiento del poder político de turno, que pretende arrebatar hasta la dignidad humana, y, esto no es posible que se permita suceda, hoy, con Tariquia. Para ello, un ejemplo de contexto: El primero de marzo de 2013, se instaló un piquete de huelga de hambre en la sede de la COD de Oruro y el 5 del mismo mes, un segundo piquete en instalaciones del Comité Cívico y en el Bloque Oruro. Numerosos huelguistas protestaban por el intento de cambiar el nombre del aeropuerto Juan Mendoza y Nernuldes por el de Evo Morales Ayma. Estas movilizaciones fueron creciendo, pues, se sumaba a este clamor con paro cívico y movilizaciones de la FEJUVE, Federación de Campesinos, universitarios, comerciantes, empresariado privado, salubristas, mercados, hubo heroicas crucifixiones, bloqueo de carreteras, paralizaron los colegios, escuelas, la hotelería, incluso hasta los bancos. De muchísimos años se veía una movilización de semejantes proporciones.Contrarrestando el legítimo movimiento cívico del pueblo de Oruro, el libreto del oficialismo era calumniar a Juan Mendoza (neoliberal, explotador, un aficionado de la aviación, culpaba a la derecha, al imperialismo, etc.). Obviamente, la “oposición” también estaba en ese movimiento, incluyendo muchísimos ciudadanos que votaron por el MAS, conscientemente tenían el derecho de manifestarse como libre-pensantes.Incluso, dirigentes del Tipnis se solidarizaron con el movimiento ciudadano de Oruro, que se manifestaron desde Trinidad: “Creemos en el futuro con igualdad y equidad para todos. Estamos seguros que Oruro, pidiendo respeto por el nombre de su aeropuerto, también quiere lo mismo, todos queremos lo mismo, pero el Gobierno quiere enfrentarnos y golpearnos a todos como en la octava marcha”.
El origen de este conflicto fue la Ley Departamental No. 045 promulgada el 7 de febrero de 2013 por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, que cambiaba el nombre histórico del aeropuerto por el del presidente del Estado Plurinacional: Evo Morales Ayma.Pero, ya el MAS, anticipando esta operación, había lanzado el Decreto Supremo Nº 603, de 18 de agosto de 2010, que autorizaba la “construcción” del nuevo aeropuerto en Oruro, seguramente previendo cambiar el nombre (el MAS nunca da puntadas sin hilo).Semejante agravio a su historia y de un personaje reconocido en lo departamental, nacional e internacional como el Primer Aviador boliviano, cuya historia biográfica lo pone en un sitial del más alto reconocimiento a un ciudadano, gestor de la aviación boliviana, héroe de la Guerra del Chaco, galardonado ciudadano por su legado y trayectoria, al fin de cuentas, un verdadero patricio orureño y un símbolo en su calidad de ciudadano reconocido por la historia orureña y boliviana, cuya trayectoria se ha escrito en numerosos libros. A la sazón, Don Juan Mendoza y Nernuldes. Este insigne Patricio, tuvo dos hijas: Sofia Mendoza de Soria y Magda Mendoza de Lemaitre, dignísimas damas orureñas de una cualidad humana inigualable y, ya inexistente en estos días, ambas fallecidas recientemente y con cuyos hijos: Juan Carlos, Jaime, Ma. Eugenia, Javier y Lourdes; Ma. Cristina, Roberto, Jorge, Carlos Mauricio, Carmen, Susana, Javier y Patricia, tuve la dicha de conocer y compartir amistad, siendo con los varones, compañeros del inicio de la secundaria en el Colegio Santo Tomas de Oruro (teníamos 11 años con Carlos Mauricio). Vidas testimoniadas de Don Juan Mendoza e hijas, por las movilizaciones sociales de marzo, abril y siguientes de 2013, y, múltiples notas en los medios nacionales, que enaltecieron una ciudadanía cívica, un ejemplo de padre y ciudadano, que a su paso dejo un legado invaluable y un prototipo de orureño y boliviano que se hace necesario rescatar y seguir, no solo recordar, como parte de ese legado republicano que ha forjado la época de oro de Oruro, de otros departamentos y Bolivia toda. Quien lea la biografía de este insigne orureño y boliviano, valorará lo descrito, y, aún más.
Este movimiento de repudio social, cohesionado por la falta de respeto hacia su patrimonio, ponía a la luz la diferencia entre lo que consideraba la orureñidad, en sentido pleno de los valores intrínsecos a su concepto de ciudadanía y civismo, contra la afrenta política de asambleístas departamentales de un partido político, que, por congraciarse con su mandamás, no midieron los alcances de semejante atropello, que, luego de meses de lucha, fue revertido, por la energía y sentimiento ciudadano, que no se detuvo hasta invertir ese malsano y malhadado intento político ideológico, que no pudo contra la sensatez y conciencia social de un pueblo, de una colectividad ciudadana, que fue reflejado por toda la prensa nacional y diversos medios internacionales durante todo el tiempo que se prolongó el conflicto.
En este contexto, el conflicto en la zona respecto de la exploración y explotación hidrocarburifera en Tariquía plantea un problema, el que deriva de dos consideraciones: a) Existe justificada susceptibilidad social de los comunarios de la región y del departamento, si no de Bolivia toda, por las actividades emprendidas por las empresas de relación contractual con YPFB y el mismo gobierno central, esta posición deriva de los antecedentes que demuestran que la actividad hidrocarburifera tiene severos efectos sobre la ecología y el medio ambiente de las áreas donde se instalan, más aún, tratándose de la explotación planteada que constituye una fuente de riesgo ambiental biregional; b) En el marco jurídico existen deficiencias en la reglamentación y normativa para el desarrollo de proyectos productivos en la región, en tanto no existen disposiciones de regulación del asentamiento de operaciones de explotación hidrocarburifera y/o minera y, esta falencia acentúa más la susceptibilidad sobre los efectos que tendrá la explotación en la zona propiamente dicha y las áreas de influencia de la región. Hasta ahora no se conoce la nueva propuesta de Ley de Hidrocarburos, cuyo contenido seguramente no se transparenta precisamente porque traen malas noticias para el medio ambiente y la población.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992. Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilés. La reserva de Tariquía, junto a la de Sama y el Aguaragüe, protegen las fuentes de agua más importantes, así como protege la zona más representativa de la Selva Tucumano-Boliviana, por ello la zona es considerada una zona de recarga hídrica para esta extensa región binacional. El daño previsto en el área de aplicación de las actividades de las transnacionales, pone en riesgo a la macro región de la Formación Tucumano-Boliviana de la que forma parte Tarija y el norte de la Argentina, en cuyas profundidades, se albergan inmensos reservorios de aguas subterráneas (al igual que bajo la formación concatenada de la macro región del Chaco Sudamericano), que son necesarias conocerse mejor para sustentar la defensa tanto de Tariquía como tal, y como parte componente de una zona o unidad fisiográfica superior que abarca una zona extensa y que comprende a los dos países tal como es El Bosque Tucumano Boliviano, que abarca desde el sur de Bolivia, es decir Tarija y se extiende hasta las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Se conoce esta extensa área como área boscosa forestal y se constituye como una franja estrecha y discontinua sobre la ladera este de la Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas o Sierras Pampeanas. Su altura varía de entre 300 a 3000 msnm y representa una unidad ambiental de gran importancia regional por la elevada diversidad de recursos que posee y principalmente por su papel en la regulación hídrica y protección de su extensa cuenca; sólo en la parte argentina de esta formación geográfica, existen 24 Áreas Protegidas con categorías de manejo: Parques Provinciales, Parques Nacionales, Reserva de la Biosfera, Reserva Natural Provincial, Reserva Permanente e Intangible, Reserva Municipal, Área de Conservación y otras importantes denominaciones que obligan a su conservación y protección.
Seguramente proseguirán las incursiones de exploración y explotación según afirman personeros de gobierno y, además, se ha convertido en un punto de la disputa política por acceder a la gobernación este próximo domingo 11 de abril. Para encarar su defensa, debiera disponerse de un documento de evaluación técnica, jurídica y social para su amplia difusión institucional y social, esta descripción detallada de la tecnología a ser empleada ayudará a identificar las medidas de protección ambiental que se requiera aplicar en lugares específicos y, evitar mayores riesgos ambientales posibles, es decir se requiere de un estudio de evaluación del impacto ambiental, que debiera ser encomendada a una entidad y/o empresa independiente y de alta solvencia técnica que emita material para conocimiento general de la sociedad tarijeña y especialmente de las comunidades que están accionando a través de la Plataforma de la Defensa de Tariquía. El rol de las universidades locales y otras especializadas que coadyuven, es fundamental. Es decir, se requiere de servicios especializados de análisis y evaluación mediante entidades o laboratorios técnicos que fijen criterios de evaluación ambiental de los valores establecidos por la normativa nacional y en su caso por disposiciones internacionales o de países de referencia que coadyuven a este propósito. No debe difundirse simples slogans o consignas. Es necesario disponer de información oportuna, permanente, confiable y, socialmente accesible y entendida para una movilización social altamente cohesionada para su defensa. De lo contrario, la perversa imposición política partidaria, so pretexto del desarrollo departamental y nacional, se impondrá. Confiar en la palabra de políticos, es inútil. Están cortados con la misma tijera y, sus discursos, ofertas y promesas, nunca cumplen. No debe olvidarse lo sucedido con el Pozo Margarita.
Lo sucedido, aun siendo un contexto distinto, con lo que significó la defensa del nombre del aeropuerto de Oruro, tiene un correlato y una empatía, digna de considerarse. No es que únicamente se trataba de proteger un simple nombre, NO, se trataba de hacer respetar una línea histórica de sucesos que conformaron una sociedad, un pueblo, su historia y su tradición, la heredad de una sociedad que, en esas movilizaciones fue posible -como dice Fernando Paz Balanza- “hace falta construir un ADN con identidad”, cuando se refiere a recuperar procesos, como, por ejemplo, la secuestrada autonomía. Es decir, debe dejarse de propiciar reuniones, talleres, seminarios, coloquios y otros espacios de la plaza, u oficinas, dejar de tratar el tema de la defensa de Tariquia, como una plataforma de imagen política y nada más. Si la orureñidad, hubiese hecho lo mismo de siempre, su aeropuerto internacional, llevaría la cara y nombre del vetado innombrable, proscrito el 11 de noviembre de 2019 por las movilizaciones sociales de las pititas: sin jefe, ni partido.
En el caso de la movilización orureña, esta actuó bajo el concepto de ciudadanía. Bajo la conciencia de la calidad de estar bajo las condiciones legales requeridas que le permitieron asumir y ejercer sus derechos políticos, que les habilitaba para tomar parte activa en la vida publica del Estado, de la Republica, como sociedad sometida a los deberes que le impone su calidad y cualidad jurídica en un Estado de Derecho. La orureñidad, actuó dentro el concepto del ciudadano adecuado al mundo “plurinacional”, ubicado entre el ajuste de la tensión insuperable entre a) libertad, igualdad y solidaridad; b) entre la orientación hacia el bien común y los derechos individuales; c) entre los derechos humanos y los derechos civiles; d) entre los ciudadanos como comunidad política y pertenencias étnicas, religiosas, etc. Los motivó su conciencia ciudadana y cívica. Obraron el Ley y en consecuencia.
A veces, la lucha política conduce a sus protagonistas, especialmente a los que ocupan cargos de gobierno, a denigrar a sus rivales, lesionando así su dignidad por el simple hecho de disentir o de oponerse políticamente. Esto no es sólo lamentable a nivel personal. Indica también un estado de cultura política poco acorde con la esencia del proceso político democrático como búsqueda de la mejor decisión en un marco de conflicto de intereses. Se desprecia la función de control que ejerce la oposición, uno de los pilares de la democracia representativa. Entonces, para la defensa de Tariquia, Tarija, debe asumir su rol ciudadano y cívico, con acciones concretas y no de conversatorios de cafetín o de discurso político y nada más.
por: Eduardo Claure





