En Bolivia, los obstáculos que afrontan el gobierno nacional y los subnacionales por el crecimiento gradual de la población, vienen aparejados con responsabilidades para atender la demanda creciente del líquido vital ya cómo elemento de servicio público y meta ineludible en sus procesos de planificación, a las que, definitivamente se suma la otra prioridad consecuente: el tratamiento de las aguas residuales. Acceso de agua potable y para la producción, son la prioridad creciente y los esfuerzos deberán ser aun mayores si se trata de reducir las pérdidas de agua potable en el esfuerzo por distribuirla para el consumo humano y para la producción.
Si bien políticamente se proclama que el acceso al agua es un derecho como lo es la vida, la realidad creciente que combina obstáculos desde la fuente de agua cruda (ríos, lagos, subterráneas) no significa que el consumidor deba complicar el problema asociando la idea del derecho con la del agua gratuita y su consecuencia directa que es el derroche. Probablemente, si la sociedad estuviera adecuada y oportunamente informada de costos y esfuerzos técnicos que implica la producción y la distribución del agua o la recolección y el tratamiento de las aguas servidas y sus consecuencias en el ámbito de la economía, se vería más inclinada a aceptar responsabilidades por el mantenimiento que tanto la Gobernación como la Alcaldía tienen por responsabilidad, pero, se ha llegado a un punto en que ambas responsabilidades, deben ser compartidas entre los entes subnacionales y el usuario, el ciudadano urbano y el rural, a veces, en ambos casos, ciudadanos productivos.
«El agua es vida» y si no la sabemos conservar y cuidar, es que estamos acortando nuestra expectativa de vida de los seres que vivimos en este departamento, en este país y en este planeta. Desde hacen años y con mayor dramatismo durante los últimos tiempos, distintos organismos internacionales publicaron informes sobre los efectos del cambio climático a nivel mundial. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, organizaciones ecologistas y paneles de científicos se convirtieron en los voceros de lo que le espera al planeta en el corto y mediano plazo: derretimiento de glaciares, aumento de la temperatura, sequías, inundaciones masivas, falta de agua en grandes ciudades, crecida de los niveles de los mares y otros “males”. Uno de los datos más estremecedores es que estos pronósticos se harán realidad en pocos años. Bolivia es uno de los diez países más afectados por el cambio climático, particularmente en glaciares y áreas desérticas. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, planteaba rigurosamente, que había que adaptarnos al hecho irreversible del cambio climático que se está produciendo a nivel mundial. El déficit hídrico en lugares como el Chaco, el altiplano e inundaciones en otras zonas, implica tener proyectos de infraestructura, de agricultura, salud y particularmente en los que hace al agua potable y para la producción. Cuánto se conoció o ejecuta este plan? El ciudadano urbano y el rural, son parte de este plan? Sin embargo, en nuestro departamento tenemos problemas que arrastramos por años como ser: la deforestación, la sequía, la contaminación de aguas y otros en menor escala. Empero los tres mencionados se han constituido en amenazas que terminan con la flora y la fauna; las autoridades de turno, hasta el momento, hicieron los esfuerzos suficientes para frenar a estos tres enemigos del medioambiente? No se echen culpas, participemos en las alternativas y soluciones.
En la actualidad, el Guadalquivir continúa siendo el curso de agua más importante del valle central de Tarija, sin embargo ha sido objeto de un proceso de alta degradación ambiental, producto de las actividades de los habitantes que se encuentran en el área de influencia. Esta situación afectó a la calidad de sus aguas debido a la alteración de sus propiedades fisicoquímicas. La población ha dejado de lado el cuidado de este gran recurso natural. La contaminación registrada es alta, debido al libre vertido de aguas residuales, de residuos sólidos domésticos y de residuos industriales, a lo que se suma el desemboque de las principales quebradas que atraviesan la ciudad, éstas constituyen también lugares de descarga de aguas residuales e industriales de diferentes barrios. Según datos del proyecto de la ex prefectura “Saneamiento del río Guadalquivir” se estimaba que la carga orgánica diaria que se vertía al río Guadalquivir, producto de la falta de cobertura del sistema de alcantarillado sanitario y de un adecuado tratamiento, ascendía a 3.7 toneladas, lo que significaba que el 8.7% del caudal promedio diario lo constituían aguas residuales, a esto se sumaba el aporte diario de carga orgánica del afluente de las lagunas que se estimaba en 5.4 Ton., haciendo un total de 9.1 Ton., por día que eran vertidas al río. En la actualidad, las toneladas de desechos orgánicos en volúmenes mayores, contaminan el río convirtiéndolo en un foco de enfermedades para la población, que por suerte, ya se vienen tomando las previsiones con las plantas de tratamiento en curso y que se espera tengan plena vigencia efectiva en un tiempo breve más: diremos, política pública cumplida, atrasada…pero cumplida. Sin embargo, queda la incertidumbre de su cantidad, diseño y ubicación, en fin, se espera que sean los que corresponden.
En este contexto, existe el peligro de la provisión de agua potable para el futuro especialmente para las áreas urbanas, además, de la disposición de agua para riego inocuo para el apoyo productivo. Frente a esto se hace necesario definir una política nacional de manejo de los recursos hídricos embalsados y dentro de esa política nacional tiene que haber una nueva Ley de Aguas y/o una derivada departamentalmente, en tanto este recursonatural potencial, se ve amenazada lenta pero inexorablemente, por el envenenamiento de cursos de agua debido a la minería, que recientemente ha sido motivo de noticias respecto al potencial minero del departamento, entonces, estas noticias deben ser una alerta, aparte del significativo aporte que pueden generar regalitaria y/o impositivamente esta actividad económica: debe fiscalizarse severamente el potencial daño ecológico y medio ambiental que deviene de la explotación minera descontrolada. Si bien se ha planteado ya en el debate público nacional los riesgos de la minería en relación a sus impactos sobre el agua (en cantidad y calidad), usualmente se ha concebido este como un problema alejado de la realidad cotidiana de la mayor parte de la población urbana boliviana y solamente como un problema de ciertas zonas alejadas del área rural. Sin embargo se debe pensar que los riesgos y afectaciones son mucho más cercanos de lo que la población urbana sospecha; si bien es importante poner en claro que la minería no es la causante de la falta o disminución de la disponibilidad de agua en Tarija, sí es importante, poner sobre la mesa los riesgos existentes en cuanto a calidad del agua y agravados por su escasez en áreas de influencia de la explotación minera por muy superficial que sea; recordar la tragedia que viven en otros departamentos por el uso de cianuro para procesos de lixiviación y amalgamamiento del oro como en Pando, Norte de La Paz, Oruro y el Beni además de las quejas de poblaciones indígenas y no indígenas dedicadas a la pesca en Tarija y otros lares. En Oruro, en el Delta del Río Desaguadero y todo el filón minero del Cañadón Antequera de Oruro que forma parte de la Cordillera de los Azanaques, donde más de 270 minas y cooperativas mineras, azotan el agua potable y otras de curso superficial convirtiendo las aguas de los ríos y lagos en absolutamente inutilizables para el consumo humano y la producción agropecuaria. Que hay pesca, hay, pero, no serán de peces ya, polimetálicos? Qué consumimos, finalmente..??
Entonces cuidar el agua, de pronto, adquiere una categoría de prioridad de alta y suma importancia, en manos de autoridades competentes por ley, a los que la ciudadanía en general, debe sumir un rol coadyuvante en materia del cuidado y la preservación de los cursos de agua superficiales, lagos, embalses artificiales llámense atajados, represas, tajamares y otros, cuya administración y gestión debiera asumirse mediante norma departamental o municipal específica, y, si esto colisiona con normas nacionales no aplicadas por el catalogo competencial de cada nivel de Estado, debiera asumirse por una estrecha responsabilidad compartida mediante un nivel de coordinación público privado, donde participe la Gobernación, Alcaldía, Universidades, Colegios de Profesionales, Asociaciones de Productores y finalmente, no es pecado, convocar a otras instancias académicas nacionales expertas en estos temas, viabilizados mediante convenios, con el adecuado soporte económico de largo plazo y bajo programa, para atender procesos de difusión, capacitación y formación especializada en estos temas. Hace poco un medio local, difundía la noticia, ante la creciente desocupación de profesionales jóvenes, que contabilizaban a 700 titulados en una materia específica, que no encontraban trabajo; entonces los niveles académicos deben reorientar su malla curricular no únicamente en áreas de alta tecnología, que es bueno (en materia de agua la alta tecnología al alcance del productor presenta hoy en día innovaciones altamente importantes), sino, también, orientar procesos de formación y capacitación en temas de especialidad en agua (superficiales y subterráneas), suelos (edafología), en biodiversidad, en riego (administración y gestión), en hidráulica, en dasonomía, generar emprendimientos en diseño, construcción y mantenimiento de embalses de agua según escalas, manejo y administración de cuencas (desarrollo), ingeniería aplicada ante situaciones derivadas de las características culturales o especificidades multicomunitarias, tan en boga en estos tiempos. Entonces, son necesarias verdaderas técnicas administrativas y de ingeniería aplicable y combinada para los casos especiales o alternativamente disciplinas universitarias que discutan o enseñen en institutos de nivel académico superior o medio, para absolver las situaciones que emergen en el campo o sea, en la aplicación práctica de todos los días, dónde precisamente, están ausentes las rigurosidades académicas a rajatabla, que sólo sirven para el aula y el pizarrón o la simulación a escala, pero y la realidad..?
La ingeniería rural en materia de este importante recurso natural deberá tener un enfoque evolutivo si se trata por ejemplo de problemas específicos, como aprovechamientos de aguas subterráneas en cultivos cada vez más específicos en cuanto a demanda de agua y la preservación de la economía campesina y la empresarial micro, mediana o grande, en tanto y en cuanto existen proposiciones de incorporar nuevas especies a ser cultivadas a escalas tanto familiares como semi empresariales y también a gran escala, saliendo de los cultivos tradicionales con especies y variedades que estimulen la economía campesina y empresarial y salir del tal mentado grito “más allá del gas”, que aún no tiene respuestas reales y de impacto, se sigue en el extractivismo puro y simple, entonces, aquí, el recurso agua de embalses construidos y planificados, deben generar un carácter integral para su manejo, administración y finalmente para su gestión. Si bien, Tarija no tiene precisamente zonas áridas, propiamente dichas, debe preverse el manejo del agua en zonas secas o semi áridas de economía restrictiva que tengan que recibir un soporte técnico público que les asegure la subsistencia de la economía agrícola ante el creciente cambio climático, qué si éste existe, existe.
El departamento tiene varias construcciones para generar embalsamiento de aguas de diferentes escalas y en diferentes lugares, entonces urgeen esta jurisdicción territorial, la identificación de programas y proyectos de inversión concurrente –que ya se tiene desde el 2008- y habrá que pensar en diseñar mecanismos para que esta concurrencia tenga adicionalmente e indefectiblemente una acción interinstitucional para la Prestación de Servicios Técnicos Específicos en materia del Recurso Agua Embalsada para Consumo Humano y para la Producción. Debe acabar el criterio constructivista cementero, olvidando la gestión en los servicios de agua y saneamiento y otorgar asistencia técnica, supervisión y seguimiento hasta evaluar cada proceso que implica. Las obras de cemento no generan vida, el agua sí..!
por: Eduardo Claure
