EL DERECHO A LA VERDAD

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde su Sentencia del Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras (1988) ha resuelto que una de las medidas positivas que deben adoptar los estados para garantizar los derechos de la Convención Americana de DDHH, consiste en investigar las violaciones de DDHH que se produzcan en su territorio. Se trata de una obligación de medios, que debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; debe ser asumida por el estado como deber jurídico propio y, las víctimas de esas violaciones o sus familiares deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los procesos.

A partir de esa sentencia hito, ha desarrollado en su amplia jurisprudencia, el denominado derecho a la verdad, vinculado principal, aunque no exclusivamente, a casos de desaparición forzada. Actualmente, ese derecho esta conceptualizado por la CIDH no como un derecho autónomo, sino que subsumido fundamentalmente en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento previsto por los arts. 8 (garantías judiciales); 25 (protección judicial) de la CADH, estando enmarcado en el derecho de acceso a la justicia y, a buscar y recibir información. Finalmente, la CIDH ha precisado que el derecho a la verdad es intrínseco al fortalecimiento de una sociedad democrática, siendo una justa expectativa que el estado debe satisfacer, mediante su obligación de investigar las violaciones de DDHH y la divulgación pública de sus resultados. Consecuentemente, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual o limitada para las víctimas o familiares de esos hechos, pero también una dimensión colectiva, para la sociedad toda.

Esa obligación, debiera, en circunstancias normales, cumplirse a través de los órganos de investigación, persecución y juzgamiento (policía, fiscalía y judicatura), aunque la historia enseña, que cuando aquellos organismos no gozan de suficiente independencia o el estado no es de derecho, una vez recuperada su vigencia, se crean comisiones de la verdad, destinadas a construir y preservar la memoria histórica, esclarecer los hechos y determinar responsabilidad institucionales, sociales y políticas, huyendo de la impunidad y tratando que no se repitan.

Pues bien, acaba de crearse en Bolivia una comisión de la verdad, encargada de investigar los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidos durante las dictaduras militares (1964 – 1982). En su posesión, el presidente destacó que una de sus metas, será dar con los restos del dirigente Marcelo Quiroga Santa Cruz.

No cabe duda que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, pero encuentro sumamente contradictorio que si esa es una de las metas de la flamante comisión, sea el mismísimo régimen, cuyo capitán general de las FFAA es el presidente, que haya torpedeado sistemáticamente desde hace varios años, que ese organismo abra sus archivos, para intentar dar con el cadáver del político asesinado. Es más, me temo que el objeto de la comisión quedó muy pero muy corto, pues si de dar con la verdad se trata, huir de la impunidad y evitar la repetición de violaciones de DDHH, el régimen tiene muchas cuentas pendientes: las masacres de La Calancha; las Américas o Chaparina por ejemplo, o hasta el asesinato de uno de sus Viceministros y sus circunstancias, que por el momento gozan de impunidad, precisamente por la acción encubridora de los organismos obligados a dar con la verdad real de esos hechos, hoy en garras de sus militantes o afines. ARISTOTELES decía: “El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad”.

por: Arturo Yáñez Cortes

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