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jueves, 6 / octubre / 2022

¿Conocemos realmente qué es la autonomía en Bolivia y su aplicación en los distintos niveles?

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional que entró en vigor en febrero de 2009, tras su aprobación en referendo en enero de ese mismo año, introdujo un nuevo modelo de Estado de carácter autonómico en el que se establecieron determinadas competencias a las Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales como la elección directa de sus autoridades y la administración de sus recursos económicos así como la potestad de legislar y reglamentar determinadas materias.
Un año después, en julio de 2010, fue promulgada la ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que estableció las bases de la organización territorial del Estado boliviano y regula ese régimen de autonomías.

Tipos de competencias 

La Constitución en el artículo 300 establece los tipos de competencias que están divididas en privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas.
Las privativas son aquellas que están reservadas para el nivel central del Estado y su legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega.
Las exclusivas son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.
Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.
Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza.

Competencias del nivel central del Estado

El nivel central del Estado, tiene 22 competencias privativas y 38 competencias exclusivas. Entre las privativas del Estado se encuentra la ejecución y legislación sobre el sistema financiero, política monetaria, comercio exterior, aduana, fronteras, migración, defensa, asilo, control del tránsito aéreo, impuestos y tasas nacionales, censos, registro civil, legislación materia civil, penal, familiar, tributaria, laboral y económica, entre otras.
Respecto a las exclusivas, el Estado tiene competencia sobre materia electoral nacional, comunicaciones y telecomunicaciones, servicio postal, recursos naturales estratégicos, carreteras red fundamental, políticas de educación y salud, derechos reales, servicios básicos, vivienda y turismo y obras publicas de interés para el Estado entre otras.

Competencias Gobiernos Autónomos Departamentales 

El artículo 300 de la Constitución establece las competencias de los Gobiernos Autónomos departamentales. Existen 36 competencias exclusivas entre las que se encuentran la elaboración de su estatuto, referendos departamentales de su competencia, elaborar y ejecutar Planes de Ordenamiento Territorial, proyectos de generación y transporte de energía, carreteras y ferrocarril de la red departamental, transporte interprovincial,  construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos departamentales, servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria, proyectos de electrificación rural.
De igual forma, en estas competencias exclusivas están participar en empresas de industrialización Hidrocarburos, administrar recursos por regalías, promoción de la inversión privada, planes de desarrollo económico y social departamental, políticas de niñez, adolescencia adulto mayor y de discapacidad, crear empresas públicas departamentales, acceder a fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos, elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto, crear tasas impuestos departamentales, entre otros.

Competencias Gobiernos Autónomos Municipales 

El nivel municipal tiene 43 competencias exclusivas que se encuentran plasmadas en el artículo 302 de la Constitución.
Entre estas se encuentran las competencias de elaborar su Carta Orgánica Municipal, referendos municipales de su competencia, planes de ordenamiento territorial, caminos vecinales, construcción mantenimiento y administración de aeropuertos locales, catastro urbano, transporte urbano, control de alimentos, impuestos y tasas municipales.
Además, son también exclusivas la creación de empresas publicas municipales, el aseo urbano y manejo de residuos, alumbrado público, crear y reglamentar la Guardia Municipal, defensa de los consumidores y usuarios, políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor, servicios básicos, control de áridos y agregados, entre otros.

Autonomia indígena 

La Autonomía indígena tiene 23 competencias exclusivas recogidas en el artículo 304 de la Constitución entre las que se encuentran la elaboración de sus estatutos, jurisdicción originaria indígena campesina, caminos vecinales, políticas culturales y de turismo, crear y administrar tasas y patentes, elaborar y aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y presupuestos, entre otras.
A estas competencias existen las competencias concurrentes y compartidas entre los distintos niveles del Estado. Sin embargo, el modelo autonómico y la distribución de competencias plantea en ocasiones duplicidades como la administración de aeropuertos, turismo, patrimonio cultural, etc que no queda claro a qué nivel corresponde esas competencias.
No obstante, las competencias están también definidas en las leyes nacionales que clasifican y especifican con mayor detalle las competencias de determinada área.
Si bien, la demanda autonómica ha avanzado en estos años todavía quedan aspectos por encarar sobre las competencias de los distintos niveles y una nueva distribución según demandan determinados sectores. El Pacto Fiscal puede ser el escenario en el que se aborden todas estas cuestiones.

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