Reforma electoral: jubileo y OCD plantean 13 criterios ciudadanos y activan una veeduría al trabajo de la Asamblea Legislativa

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Fundación Jubileo y la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) presentan 13 Criterios Ciudadanos para una Reforma Electoral de Calidad y anuncian el inicio de una veeduría independiente al tratamiento legislativo de las propuestas que ingresen a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La iniciativa parte de que la reforma electoral no puede reducirse a modificar algunas leyes ni responder únicamente a las necesidades del próximo proceso electoral. Debe abordar problemas estructurales, fortalecer las instituciones y garantizar los derechos políticos, la confianza ciudadana y, sobre todo, construir acuerdos.

Los criterios ciudadanos son resultado de un proceso impulsado por ambas organizaciones, que comprende el Informe País sobre el sistema electoral boliviano (2020-2026), entrevistas a especialistas y actores institucionales, análisis de experiencias internacionales y el Encuentro Internacional sobre Reforma Electoral e Institucionalidad Democrática, realizado en Cochabamba el 11 y 12 de noviembre. En este encuentro, especialistas nacionales e internacionales y representantes de diversos sectores identificaron seis ámbitos prioritarios para ampliar la agenda de reforma:

1. Un Órgano Electoral independiente y con mayor capacidad institucional.Fortalecer la independencia en la selección de autoridades, la autonomía de los tribunales electorales departamentales y sus capacidades técnicas y presupuestarias.

2. Un padrón confiable y una gestión electoral modernizada. Mejorar el registro, actualización y depuración del padrón, e impulsar la transformación digital del sistema electoral.

3. Elecciones íntegras también en el entorno digital. Fortalecer la regulación y fiscalización de la propaganda y el financiamiento político, prevenir el uso indebido de recursos públicos y enfrentar la desinformación, respetando la libertad de expresión.

4. Una justicia electoral especializada y con garantías. Mejorar la resolución de controversias y garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y recursos oportunos frente a decisiones que afecten derechos políticos.

5. Representación política con igualdad e inclusión. Profundizar la paridad y alternancia, prevenir la violencia política contra las mujeres y fortalecer la participación indígena y de juventudes. Evaluar el modelo de representación territorial y población a nivel nacional y subnacional.

6. Organizaciones políticas más democráticas. Fortalecer la democracia interna, transparentar el financiamiento y garantizar procedimientos democráticos para la selección de candidaturas.

Estos ámbitos constituyen una agenda de trabajo que continuará desarrollándose mediante análisis técnico, diálogo ciudadano y construcción de consensos en los próximos meses, como una contribución para ampliar y profundizar el debate nacional.

13 CRITERIOS PARA EVALUAR LAS REFORMAS Y EL PROCESO LEGISLATIVO

Los criterios propuestos establecen dos dimensiones de evaluación: la calidad democrática, técnica y normativa de las reformas, y la calidad y legitimidad del proceso mediante el cual se discuten y aprueban.

Incluyen aspectos como los derechos políticos, la independencia electoral, la representación y la inclusión, la integridad electoral, la seguridad jurídica, el sustento técnico y la viabilidad de las reformas. También consideran la transparencia, la participación plural, la deliberación, los acuerdos democráticos, los plazos adecuados y la rendición de cuentas.

Sustentados en la experiencia de observación electoral de la OCD y Jubileo, y en estándares internacionales, estos criterios ofrecen parámetros públicos para que la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones políticas y los legisladores puedan analizar las propuestas y valorar su contribución al fortalecimiento democrático.

VEEDURÍA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La veeduría ciudadana a la reforma electoral se sustenta en el derecho constitucional de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, acceder a información y ejercer control social sobre la gestión estatal. Los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado reconocen estas facultades y la contribución de la sociedad civil a la construcción colectiva de las leyes.

En ejercicio de estos derechos y en coherencia con su trayectoria, Fundación Jubileo y la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) impulsarán un seguimiento independiente, plural y basado en evidencia al contenido y tratamiento legislativo de las propuestas de reforma electoral. La veeduría se pondrá en marcha con el ingreso de la primera iniciativa a la Asamblea Legislativa Plurinacional y comprenderá todas las propuestas que sean presentadas, sin distinción de su origen o autoría. Su propósito es acercar el debate legislativo y la toma de decisiones a la ciudadanía, sus preocupaciones y demandas.

En este sentido, la veeduría observará la transparencia y el acceso a la información, la participación y pluralidad, la calidad de la deliberación, la fundamentación de las decisiones y la consistencia democrática y técnica de las propuestas. Sus hallazgos se comunicarán mediante alertas, boletines e informes públicos. Todas las  propuestas estarán sometidas a los mismos criterios y mecanismos de evaluación, sin ningún tratamiento privilegiado.

UNA REFORMA ELECTORAL QUE SE CONSTRUYA CON LA CIUDADANÍA

La reforma electoral es una oportunidad para avanzar hacia instituciones más independientes, organizaciones políticas más democráticas, una representación más inclusiva y mayores garantías para el ejercicio de los derechos políticos. Un proceso de esta importancia requiere tiempo para analizar los problemas, contrastar alternativas, evaluar consecuencias y construir acuerdos. La urgencia de atender las dificultades del sistema electoral no debe confundirse con apresurar decisiones que tendrán efectos duraderos sobre la democracia.

La veeduría no pretende sustituir las atribuciones de la Asamblea Legislativa ni promover propuestas particulares. Busca aportar información independiente, evidencia y análisis técnico para que la ciudadanía conozca y evalúe cómo se construyen las nuevas reglas de la democracia boliviana.

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