El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Tarija aclararon sus competencias y limitaciones legales frente a los problemas de loteamientos, avasallamientos y desmontes ilegales en el departamento. Ambas instituciones anunciaron que impulsarán reuniones con autoridades municipales, departamentales y juzgados agroambientales para establecer las responsabilidades institucionales y orientar a la población sobre los procedimientos que corresponden ante estos hechos.
La directora departamental del INRA de Tarija, Roxana Armella Fernández, explicó que la institución tiene atribuciones técnicas y administrativas relacionadas con el saneamiento y la titulación de tierras, pero no cuenta con facultades judiciales para ejecutar sanciones, desalojos o medidas disciplinarias contra quienes incurran en avasallamientos.
Asimismo, informó que durante la presente gestión el INRA no recibió ninguna denuncia formal por avasallamiento en la ciudad de Tarija, por lo que consideró necesario aclarar públicamente el alcance de las atribuciones de esta institución frente a los cuestionamientos realizados por algunas autoridades departamentales.
«Queremos dejar en claro como institución, como INRA en sí, que nosotros tenemos facultad en el saneamiento y somos una institución técnica administrativa. Nosotros no tenemos facultad judicial o facultad para poder ejecutar alguna sanción disciplinadora», manifestó Armella.
Por su parte, el director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Tarija, Gonzalo Rodríguez, señaló que es necesario informar a la población y a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija sobre las competencias institucionales, los límites normativos y las responsabilidades legales en materia de protección forestal y del suelo.
Rodríguez precisó que la ABT tiene competencia sobre la cobertura vegetal, pero no sobre la titulación de propiedades. También aclaró que esta institución no cuenta con atribuciones normativas ni con facultades para disponer el uso de la fuerza pública con el propósito de restituir predios, ejecutar desalojos o perseguir penalmente el delito de avasallamiento.
En ese sentido, indicó que la responsabilidad municipal sobre el cambio de uso del suelo está establecida en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, particularmente en lo relacionado con los planes de uso de suelo.
«Nosotros no tenemos competencias en la titulación de la propiedad. La ABT no cuenta con atribuciones normativas ni auxilio de fuerza pública para la restitución de predios, desalojos y persecución del delito de avasallamiento«, explicó el director departamental de la ABT.
No obstante, Rodríguez informó que la ABT intervino durante esta gestión ante una denuncia de desmonte sin autorización en la zona de San Jacinto, luego de que vecinos alertaran sobre la utilización de maquinaria para realizar estos trabajos.
Explicó que, tras constituirse en el lugar, el personal de la institución procedió a paralizar la maquinaria que ejecutaba el desmonte y realizó las citaciones correspondientes. Posteriormente, las personas involucradas se presentaron y entregaron documentación para continuar con el procedimiento administrativo respectivo.
Por otra parte, Armella anunció que el INRA y la ABT impulsarán una reunión interinstitucional para coordinar acciones con los juzgados agroambientales, municipios y gobernaciones del departamento, con el objetivo de que cada instancia conozca sus atribuciones y las vías legales que deben seguirse ante casos de loteamientos, avasallamientos y desmontes ilegales.
La directora del INRA explicó que durante los próximos días se remitirán notas formales al coordinador de los juzgados agroambientales, para que sean distribuidas a los diferentes juzgados del departamento. También se enviarán comunicaciones a los municipios y gobernaciones de Tarija.
«Vamos a estar nuestras dos instituciones a la cabeza de esta reunión que vamos a hacer justamente con la finalidad de que todos reconozcamos el rango de acción que nosotros tenemos como instituciones, pero independientemente también saber qué línea o qué camino tienen que seguir ante estos casos de loteamientos o ante los casos de avasallamiento», señaló.
Asimismo, informó que el día 20 de este mes se lanzarán las convocatorias para coordinar y concertar la fecha del encuentro con las diferentes instituciones que participarán en esta iniciativa.
Armella remarcó que la coordinación permitirá mantener informada a la población y evitar que se produzcan nuevos casos de loteamientos y desmontes ilegales, además de establecer con claridad qué instancias tienen competencia para intervenir en cada situación.
La autoridad también explicó que el loteamiento implica el fraccionamiento de pequeñas propiedades, una práctica que se encuentra penada y sancionada. Advirtió que esta situación no solamente genera la división de los terrenos, sino que también puede ocasionar contaminación ambiental por la instalación de pozos sépticos y afectar las zonas productivas colindantes.
Finalmente, aclaró que la competencia del INRA llega hasta el proceso de titulación de tierras y que, una vez concluida esa etapa, los conflictos relacionados con el fraccionamiento ilegal de pequeñas propiedades y los avasallamientos deben ser puestos en conocimiento de la justicia agroambiental, instancia que corresponde para atender estos casos.
«El loteamiento es el fraccionamiento de las pequeñas propiedades y aquello genera no solamente la división de la pequeña propiedad que está penado y sancionado, sino que también genera una contaminación ambiental y la afectación a las zonas productivas aledañas. Como institución INRA tenemos competencia hasta el momento de la titulación; ya corresponde acudir a la justicia agroambiental», concluyó Armella.
