El fiscal departamental de Tarija, Aníbal Cabezas, informó que, tras asumir sus funciones, identificó deficiencias administrativas en el Ministerio Público, una elevada carga procesal, acefalías y numerosas causas paralizadas por declaratorias de rebeldía. Entre las principales preocupaciones, señaló que el área de litigación penal registra más de 3.080 causas activas con personas declaradas rebeldes, situación que será objeto de revisión para determinar qué acciones se están ejecutando y por qué no se habrían concretado las aprehensiones correspondientes.
Cabezas manifestó que su gestión estará orientada a mejorar el acceso a la justicia, combatir la corrupción y fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía Departamental, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
“Constituirme en esa herramienta para poder mejorar y contribuir al acceso a la justicia, que es lo que todo el mundo requiere en este momento”, expresó.
Asimismo, agradeció al fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, por la confianza depositada en su persona y destacó que, desde las primeras reuniones de coordinación, se asumió el compromiso de enfrentar de manera directa los hechos de corrupción.
“El compromiso que se ha asumido ya en la primera reunión de coordinación que hemos tenido en la Fiscalía General del Estado es realizar la lucha directa, la lucha incansable, incesante y frontal contra todo tipo de acto de corrupción”, afirmó.
El nuevo fiscal departamental explicó que, al presentarse en la institución, solicitó informes para conocer el estado de la Fiscalía de Tarija y establecer las principales dificultades que afectan su funcionamiento. Según indicó, los primeros reportes permitieron advertir problemas administrativos que repercuten tanto en el trabajo interno como en la atención a la población.
“Lastimosamente, en materia administrativa hay muchas circunstancias, no vamos a decir irregularidades, pero sí deficiencias que se han podido advertir, que no solamente afectan el normal funcionamiento del Ministerio Público, sino, por sobre todo, van a generar una afectación en el servicio que brinda el Ministerio Público a la sociedad”, sostuvo.
Entre los problemas identificados, Cabezas mencionó la sobrecarga laboral de los fiscales, al señalar que algunos tienen bajo su responsabilidad más de 250 causas. También observó que asistentes y auxiliares fiscales deben atender varios despachos en suplencia, mientras diariamente ingresan memoriales que requieren respuesta dentro de plazos de 24 horas.
“Entonces, no es razonable que se permita que un fiscal tenga tantas causas. […] Hay que darle las condiciones para que ellos puedan ejercer, realizar su trabajo de manera proba”, manifestó.
A esta situación se suman las acefalías en diferentes puestos, que, según explicó, deben ser cubiertas para garantizar que el Ministerio Público cuente con personal suficiente y reducir las suplencias que actualmente se realizan en distintos distritos.
El fiscal cuestionó los constantes movimientos de funcionarios entre Tarija, Bermejo, Villamontes y otras jurisdicciones, y señaló que, tras revisar la situación, advirtió posibles problemas relacionados con la entrega formal de despachos y la asignación de responsabilidades.
“Considero que justamente estos movimientos en suplencia eran para evitar responsabilidad para el funcionario, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no había esa entrega de despachos formal que tenía que haber”, indicó.
Otro de los puntos que calificó como prioritarios es la cantidad de procesos que permanecen paralizados por la existencia de personas declaradas rebeldes. Cabezas precisó que, únicamente en el área de litigación penal, existen más de 3.080 causas activas con rebeldes, además de otros despachos que presentan cifras elevadas.
“No sabemos, yo hasta este momento no sé por qué no se han ejecutado esas aprehensiones únicamente en ese despacho. Y esto lo he solicitado recién ayer y hoy me han dado el informe a primera hora”, señaló.
Ante este panorama, anunció que sostendrá reuniones de coordinación con los fiscales para conocer las dificultades que enfrenta cada área y establecer medidas concretas que permitan reactivar los procesos pendientes.
“La primera acción que vamos a asumir ahí es que nos informen la situación de cada una de esas rebeldías y qué acciones está asumiendo cada fiscal, para que esas causas estén en movimiento. No podemos tener tantas causas dormidas ahí”, enfatizó.
Cabezas también cuestionó la práctica de solicitar reiteradamente la complementación de las diligencias preliminares, al considerar que esta situación puede contribuir a la demora de los procesos penales. Explicó que las investigaciones deben desarrollarse dentro de los plazos establecidos y que las ampliaciones deben responder a la existencia de actos investigativos pendientes.
“La población en su conjunto debe saber que un proceso penal no es otra cosa que un conjunto de actos. Tiene plazos, tiene etapas”, expresó, al señalar que, cuando existen elementos suficientes, corresponde al fiscal decidir si presenta la imputación o dispone el rechazo de la denuncia, según corresponda.
En ese sentido, recordó que las diligencias preliminares tienen plazos específicos y que, en determinados delitos, la investigación preliminar tiene una duración de 20 días, mientras que en casos de violencia familiar el plazo es menor, de ocho días, según lo expuesto por la autoridad.
El nuevo fiscal departamental anunció además que exigirá investigaciones objetivas, completas y efectivas, con actuaciones orientadas a resolver los conflictos y no únicamente a generar requerimientos que posteriormente queden sin cumplimiento.
“Lo que vamos a exigir es que los funcionarios del Ministerio Público, llámese fiscales de materia, auxiliares, asistentes y otros, asuman el compromiso social de manera inicial, de brindar la solución al conflicto, contribuir a la solución del conflicto”, afirmó.
En esa línea, advirtió que existen cuadernos de investigación con numerosos requerimientos fiscales que no habrían cumplido la finalidad para la que fueron emitidos, por lo que aseguró que esta situación será abordada como parte de las medidas para mejorar el trabajo institucional.
“Aquí no se va a permitir que los fiscales de materia únicamente se limiten a emitir requerimientos, requerimientos, requerimientos y más requerimientos, sin lograr que esos requerimientos cumplan la finalidad con la cual han sido emitidos”, sostuvo.
En materia de infraestructura, Cabezas indicó que otra de las prioridades será buscar y ampliar ambientes para la Fiscalía Departamental, a fin de proporcionar mejores condiciones de trabajo a los fiscales, al personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y, especialmente, a quienes atienden casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, remarcó que la labor del Ministerio Público debe desarrollarse con respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso y el acceso a la justicia. En ese marco, cuestionó que algunas denuncias sean desestimadas desde el inicio mediante análisis de fondo, cuando, según explicó, la normativa exige determinados análisis de forma para esa etapa.
“Las investigaciones tienen que ser completas, amplias, eficaces, y deben resguardar y tener presente durante todo su desarrollo el respeto pleno por la vigencia de los derechos humanos”, manifestó.
Cabezas precisó que corresponde a la Fiscalía recibir las denuncias, realizar los actos investigativos necesarios para corroborarlas y presentar los actos conclusivos que correspondan, mientras que la determinación sobre la existencia o inexistencia de un delito compete a las instancias judiciales correspondientes.
Finalmente, señaló que su gestión se encuentra en una etapa inicial de recopilación y análisis de información para establecer las acciones necesarias frente a las dificultades detectadas. Aseguró que el objetivo principal será reducir la mora procesal, mejorar el funcionamiento institucional y fortalecer la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.
“Nosotros agradecemos la confianza que nos han dado, que no solamente han confiado en mi persona, sino, por sobre todo, en la experiencia que hemos asumido a lo largo del tiempo dentro de lo que es el litigio penal”, concluyó.
