“Están cagando en plata”. La familia propietaria del inmueble que se encuentra en la calle Potosí, al lado de la Fiscalía centro de la ciudad de La Paz, escuchó esas palabras de un teniente de la Policía cuando a la cabeza de un fiscal y dos investigadores allanaron su domicilio. La familia afectada denuncia que le “armaron” el proceso para sonsacarles montos de dinero exorbitantes de hasta 30 mil dólares o hacerse de su propiedad.
Los afectados identificaron al fiscal Omar C. M. y a los entonces investigadores teniente Luis M. C. S. y la subteniente Yesenia M. C. P., como los autores de “armar” el caso en su contra y montar un proceso por legitimación de ganancias ilícitas.
Denunciaron que, en solo tres días, este consorcio elaboró un informe policial sospechoso, agilizó el trámite en Fiscalía y juzgados, llevó adelante un allanamiento arbitrario, les congeló sus cuentas bancarias y anotó preventivamente sus bienes. La familia considera que la intención del fiscal y los policías era amedrentarlos.
Tras denunciar las irregularidades del proceso, un juez falló en favor de la familia anulando todos los actuados, pero los afectados aún temen que el presunto consorcio insista con el caso armado.
Primera irregularidad: denuncia “anónima”
El proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra la familia surge a raíz de una denuncia “anónima”, cuya validez jurídica está en cuestionamiento al carecer de sustento material.
El documento de la denuncia no tiene sello de recibido ni rúbrica. Sin embargo, fue usado por los presuntos integrantes del consorcio para procesar a la familia.
El argumento de la denuncia “anonima” era que los actuales propietarios habrían obtenido el inmueble de manera irregular aprovechándose de la vulnerabilidad de su anterior dueña, Olga Fujita, una mujer de origen japonés.
Sin embargo, de acuerdo con la documentación presentada por parte de la familia, Fujita transfirió voluntariamente la propiedad mediante un testamento abierto en 2014, al no tener herederos forzosos, ni hijos ni ningún otro familiar en Bolivia. En presencia de al menos seis testigos, dejó el inmueble a Marcelina Condori y a su hijo mayor, Roberto Condori, en agradecimiento por los años de cuidado con “respeto” y “cariño” que recibió de ambos y, con el propósito de evitar que quedaran desamparados y pudieran llevar una vida digna.
Doña Marcelina, de 65 años, cuenta que conoció a Olga Fujita desde que tenía siete años, cuando los padres de la ahora fallecida decidieron criarla como a una hija más, con el propósito de que ambas crecieran juntas y se hicieran compañía.
La denuncia “anónima”, que tampoco tenía asignada una hoja de ruta, sostiene que supuestamente la muerte de Fujita era “sospechosa”, ya que la misma habría sido encontrada en la tina de un baño y que de manera inmediata se habría procedió con la “incineración” del cuerpo.
Sin embargo, el certificado médico de defunción de Olga, refiere que murió a sus 83 años por paro cardo respiratorio, neumonía por broncoaspiración, encefalopatía anóxica global, síndrome pseudobulbar y hematoma subdural bilateral (operado).
“Hoy 16 de agosto de 2018 a horas 5:00 am., presenta paro cardio-respiratorio sin respuesta a las medidas de reanimación falleciendo con los diagnósticos arriba indicados”, refiere el certificado de defunción.
Olga Fujita falleció por sus enfermedades de base, cuatro años después de haber dejado sus bienes a la familia que la acompañó en vida y su cuerpo permanece en el Mausoleo de la Sociedad Japonesa del cementerio general de La Paz.
Al final de la denuncia “anónima” se adjunta un contrato de alquiler de una oficina con los ahora propietarios, que además de no tener rúbricas, no guarda relación con las sindicaciones. Ninguna de las sospechas cuenta con un contra documento.
Segunda irregularidad: el informe policial
A partir de las sospechas contenidas en la denuncia “anónima”, la entonces oficial analista de la DELCC, subteniente Yesenia M. C. P., elaboró, el 3 de junio de este año, un informe para solicitar la apertura de una investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) contra seis personas, entre ellas una persona fallecida.
Pero, según el manual de investigaciones de delitos de legitimación de ganancias ilícitas (LGI), para iniciar una investigación por esa causa debe existir: denuncia de cualquier persona; querella únicamente de la víctima; y mediante una acción directa. Ni el manual policial ni el código de procedimiento penal hacen referencia a la apertura de un caso en base a una denuncia “anónima”, según varios juristas consultados para este caso.
Además, Gabriela Quispe, hija de la propietaria, cuestionó que la oficial haya solicitado iniciar el proceso sin presentar indicios suficientes, porque al tratarse de un delito especial (LGI), necesariamente debe cumplir requisitos como un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) o un delito precedente que permita presumir la existencia de las ganancias ilícitas. Esos aspectos no se evidencian dentro del proceso.
Asimismo, observan una presunta “manipulación informática” en la que habría incurrido la subteniente para acceder a los datos personales de los denunciados en el SEGIP, porque, pese a que en ese momento no existía un número de caso que respalde una consulta al sistema de identificación, se habrían proporcionado los datos personales de los afectados.
La familia afectada advirtió estas presuntas irregularidades al revisar el informe elaborado por la subteniente y detectar, en el documento, que eran iguales los números de cédula de identidad de tres de los sindicados.
“Eso es manipulación informática. Los datos personales del SEGIP solo pueden obtenerse con el número único de denuncia de un caso o mediante requerimiento fiscal. Lo contrario constituye manipulación de datos”, afirmó una fuente del Ministerio Público que pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.
Como descargo, la abogada de los policías aseguró que la subteniente está facultada para acceder a los datos personales de las personas a través del sistema del SEGIP, debido a los convenios que habilitan este tipo de actos. Consultada sobre si también puede hacerlo cuando no existe un número de caso registrado, respondió afirmativamente.
Lo que genera más sospecha de la familia es que no sabe cómo llegó la denuncia “anónima” a la subteniente, porque no existe la hoja de ruta o el formulario único de denuncias que constate que la acusación ingresó de manera regular a la Policía.
Pese a todo, ese mismo día el informe de la subteniente para abrir el caso llegó al despacho del entonces fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, quien derivó el caso al fiscal analista que posteriormente dio luz verde al inicio de la investigación.
Tercera irregularidad: designación del Fiscal
Una vez que el fiscal analista admitió la denuncia “anónima” el 10 de junio de 2026, el caso fue sorteado al Fiscal Miguel Cardozo, sin embargo, éste nunca llegó a investigarlo, porque la causa pasó de manera “sospechosa” al despacho del Fiscal Omar C. M., asegura Gabriela, presunta víctima del consorcio.
Este medio intentó comunicarse con el fiscal Omar C. M., sin embargo, el mismo colgó la llamada.
Una vez abierto el caso, el fiscal Omar C. M. en menos de una semana realizó allanamientos, congeló las cuentas bancarias y anotó los bienes de los implicados.
Cuarta irregularidad: allanamiento de inmueble
El 15 de junio, los investigadores Luis M. C. S. y Yesenia M. C. P. elaboraron un informe dirigido al fiscal Omar C. M., en el que solicitaron allanar el inmueble contiguo al Ministerio Público de La Paz, bajo la sospecha de que allí encontrarían elementos útiles para la investigación. Además, pidieron facultades para trepar paredes, realizar registros y requisas, secuestrar documentos, objetos u otros elementos de interés e incluso proceder a aprehensiones. También solicitaron autorización para forzar chapas, bisagras y candados, así como habilitar horas extraordinarias para ejecutar el operativo.
El 16 de junio, por la mañana, el fiscal Omar C. M. presentó el requerimiento ante la autoridad judicial y obtuvo el mandamiento de allanamiento con todas las facultades solicitadas. El operativo se ejecutó la misma jornada pasado el mediodía. Sin embargo, el documento señalaba que el procedimiento era a instancia de la Aduana Nacional, agencia La Paz, contra autores, por lo que consignaba datos erróneos sobre las personas contra quienes se dirigiría la intervención.
Pese a ello, el fiscal Omar C. M., el teniente Luis M. C. S. y la subteniente Yesenia M. C. P. ingresaron al inmueble acompañados de unos 20 uniformados, según el relato de doña Marcelina.
La mujer contó que, al momento del allanamiento, en las habitaciones se encontraban cuatro personas: una bebé de dos años, una persona recién operada, su sobrina que cuidaba a la menor, una mascota y ella. Según su denuncia, no se convocó a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría de la Niñez ni a la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), instancias que, sostiene, debían intervenir para precautelar los derechos de los presentes.
Asimismo, denunció que su hijo mayor, Roberto, y ella fueron casi obligados a firmar el inicio del acta de allanamiento, inicialmente sin la presencia de sus abogados.
Según el relato, durante la requisa desaparecieron Bs 5.000 que se guardaba para el tratamiento de diabetes de Roberto. Marcelina recordó haber visto que el fiscal y los investigadores manipularon un tari (bolsa pequeña de aguayo) donde su nuera había guardado el dinero, que posteriormente apareció vacío.
En medio del allanamiento llegó Gabriela, hermana de Roberto e hija de Marcelina, quien, al observar la actuación de los uniformados, sospechó que el caso había sido armado. Según denunció, el fiscal y los investigadores no tenían puntos de referencia precisos para delimitar los ambientes que debían registrar e incluso ingresaron a oficinas alquiladas a terceros.
Entre los objetos secuestrados había dos maletas con documentos, laptops, computadoras, celulares, escrituras del inmueble y los documentos originales del testamento abierto, además de documentos personales de una niña de dos años. Las maletas fueron precintadas y puestas bajo cadena de custodia; sin embargo, la familia sospecha que fueron abiertas sin la presencia de las partes y teme que desaparezcan sus pertenencias.
Gabriela también denunció que, para concluir el operativo, precintaron ambientes que no habían sido inspeccionados. En uno de ellos permanecía la niña de dos años, por lo que, según su relato, la oficial tuvo que romper el vidrio del inmueble y retirar el precinto para ingresar y rescatar a la bebé.
Quinta irregularidad: anotación de bienes, congelamiento de cuentas y presunto pedido de soborno
El 17 de junio, un día después del allanamiento, el Ministerio Público ya había solicitado el congelamiento de las cuentas bancarias y la anotación preventiva de los bienes de la familia. Los afectados presumen que estas medidas buscaban asfixiarlos económicamente y ejercer presión psicológica.
Ante esta situación, acudieron a instituciones de defensa de los derechos humanos y lograron reunirse con el coordinador del Ministerio Público, según recuerda Gabriela. Posteriormente, el fiscal coordinador Armando R. le habría pedido mantener una reunión reservada en su despacho. Antes de ingresar, fue requisada y tuvo que dejar su celular.
En ese encuentro, relata Gabriela, el fiscal coordinador le dijo que su caso era complicado y que, tras hablar con el fiscal a cargo de la investigación, podía ayudarla si pagaba $us 30.000.
Consternada por lo ocurrido, Gabriela abandonó el despacho y decidió continuar con la defensa de su familia para demostrar su inocencia y denunciar lo que considera un proceso armado para extorsionarlos o apropiarse del inmueble. Según afirma, durante el allanamiento, el fiscal Omar C. M., también le advirtió que podía incautar la propiedad si así lo quería.
Este medio solicitó al comunicador del Ministerio Público la contraparte del coordinador, sin embargo, no tuvo respuesta.
Por las irregularidades, el caso volvió a foja cero
Debido a las irregularidades que la familia afectada observó desde el inicio del proceso, se presentó un incidente de actividad procesal defectuosa, por el cual el juzgado séptimo de instrucción penal anticorrupción le concedió en parte, dejando que el proceso retorne a fojas cero.
“Dispone y determina declarar fundado en parte el incidente de actividad procesal defectuosa en contra del inicio de investigación y en consecuencia se dispone que el sr. Representante del Ministerio Público en un plazo de veinte cuatro horas debe emitir una fundamentación con respecto a la vinculación fáctica que existe entre el ilícito penal que está investigado, vale decir, de legitimación de ganancias ilícitas con relación al delito o ilícito del cual provienen las mismas”, refiere la parte resolutiva del juzgado.
Abogada de los policías
La abogada de los dos policías sindicados deslindó la responsabilidad de sus patrocinados y sostuvo que ambos actuaron bajo las directrices del Ministerio Público. Explicó que, si el fiscal consideraba inapropiados los informes presentados por los oficiales, no estaba obligado a darles curso ni a tomar en cuenta su contenido.
Respecto a la denuncia anónima, afirmó que la subteniente Cejas tenía la obligación de ponerla en conocimiento de las autoridades y que, de no hacerlo, podía ser sometida a un proceso. Asimismo, señaló que los indicios y elementos probatorios del caso como tal debían obtenerse a medida que avanzara la investigación.
La abogada cuestionó que el caso se encuentre paralizado debido al alejamiento de sus defendidos de la investigación.
En ese sentido, anunció que presentará una querella penal contra la familia que los acusa de formar parte de un consorcio, al considerar que sus patrocinados también resultaron perjudicados, incluso en sus carreras profesionales, pues ambos fueron puestos a disposición a raíz de esta denuncia.
