La resolución alcanza al Gobierno Municipal de Tarija, la Gobernación, Cosaalt, la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN) y otras instancias involucradas. Según Arzugaray, las instituciones deberán plantear medidas para atender la problemática ambiental denunciada y, en caso de incumplimiento, podrían exponerse a una acción penal.
El denunciante afirmó que el último informe de resultados de la Contraloría reporta que las instituciones involucradas incumplieron el 55% de las recomendaciones formuladas. Asimismo, señaló que el porcentaje de incumplimiento alcanzaría al 77% en el caso de la Alcaldía y al 87% en Cosaalt.
“El último informe de Contraloría ya de resultados informa de que estas instituciones han incumplido el 55% de esas recomendaciones. La Alcaldía ha incumplido el 77% de esas recomendaciones y Cosaalt el 87%”, manifestó Arzugaray.
El ingeniero expresó especial preocupación por los resultados atribuidos a la OTN, que, según indicó, advierten sobre la situación crítica del río y la presencia de altas concentraciones de metales pesados considerados cancerígenos.
“En resumen, el informe más lapidario y triste que tenemos es el de la OTN, que indica que el río en la actualidad se encuentra en categoría «D» crítica, con altas concentraciones de metales pesados, cancerígenos”, sostuvo.
Arzugaray también señaló que un informe de Sedegia confirma que aguas contaminadas estarían siendo captadas para el riego agrícola mediante la obra de toma del sistema de agua de riego Guadalquivir, Senavit y Calamuchita. Advirtió que esta situación afectaría a extensas superficies de cultivo cuyos productos posteriormente son consumidos por la población.
“Por tanto, grandes extensiones están siendo irrigadas con estas aguas contaminadas, lo cual estos cultivos estamos consumiendo”, afirmó.
Ante esta situación, explicó que decidió presentar la acción popular para exigir respuestas a las instituciones responsables de atender la contaminación del río Guadalquivir. Asimismo, destacó el apoyo recibido del abogado Aníbal, del parlamentario Corvera, de la Brigada y del doctor Jesús Gira, en representación del Comité Cívico.
El denunciante señaló que la participación de estos sectores fue importante para conseguir la resolución judicial que establece obligaciones y plazos para las instituciones involucradas.
Finalmente, Arzugaray indicó que existe un plazo inmediato de cinco días, que vence el jueves, para que las instituciones presenten la comisión correspondiente, mientras que el plan de acción para solucionar los problemas denunciados deberá ser presentado dentro de los 30 días establecidos por la Justicia.
“En 30 días ya deben presentar un plan de acción para solucionar todo lo que hemos demandado, caso contrario, se exponen a una acción penal”, advirtió.
