La revisión de las empresas públicas responde a una decisión “enteramente económica” asumida por el Gobierno para precautelar los recursos de los bolivianos, afirmó el director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, al referirse al Decreto Supremo 5727.
“Esta no es una decisión política, esta es una decisión enteramente económica, la cual asume el Gobierno del presidente Rodrigo Paz para precautelar los recursos de los bolivianos”, dijo la autoridad en entrevista con Bolivia Tv.
El decreto declara prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado y establece que las decisiones deberán sustentarse en el diagnóstico técnico elaborado por la OFEP y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep).
Camacho señaló que, por mandato presidencial, la OFEP avanzó en transparentar la información sobre la situación de las compañías estatales y afirmó que la población puede acceder a esos datos mediante la página web institucional.
“El mensaje es que esto no puede volver a pasar”, manifestó.
Según la autoridad, los recursos destinados a determinadas empresas pudieron ser utilizados en escuelas, hospitales y saneamiento básico. Cuestionó que se hayan creado entidades “de acuerdo al antojo y al humor del día” y mencionó como ejemplos plantas procesadoras de café en Pando y de limón en el norte de Potosí que —afirmó— fueron creadas, inauguradas y nunca llegaron a operar.
Camacho aseguró que actualmente la OFEP tiene registradas 67 empresas públicas y agregó que en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) existen “algo más de 100” empresas, además de las que dependen de gobernaciones y municipios.
“En verdad, el daño a Bolivia es enorme y la estafa es histórica”, añadió.
