La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de reactivación e intensificación de los conflictos sociales durante los nuevos 90 días de ampliación del Estado de Excepción, debido a que varias demandas permanecen sin solución y una parte de los conflictos se encuentra en fase de preconflicto.
La institución considera que este escenario constituye una alerta temprana ante la posibilidad de que distintos sectores vuelvan a recurrir a medidas de presión, principalmente por problemas relacionados con el abastecimiento de combustibles y el costo de vida, además de demandas laborales, salariales, de salud, educación y minería.
La advertencia está contenida en el Reporte N° 06/2026 de “Monitoreo Defensorial del Estado de Excepción”, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en cumplimiento de las atribuciones establecidas por los artículos 218 y 222 de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 870 y los Principios de París.
El informe evalúa los primeros 90 días de aplicación del Estado de Excepción establecido mediante el Decreto Supremo N° 5636, entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2026, y analiza los factores de riesgo ante la decisión estatal de extender la medida por otros tres meses.
Según la Defensoría, la vigencia del Estado de Excepción permitió una rápida desescalada de las protestas en las carreteras. Los puntos de bloqueo activos se redujeron de 42, registrados el 20 de junio, a cero en apenas tres días, lo que permitió restablecer la libre transitabilidad en el territorio nacional.
Sin embargo, el informe advierte que la reducción de los bloqueos no significó la solución de las causas estructurales que originaron el ciclo de movilizaciones.
La Defensoría señala que la medida funcionó como un mecanismo de contención temporal de la protesta vial, mientras las demandas sociales continuaron generando nuevos focos de tensión y se trasladaron hacia otros sectores.
A través del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) y del Sistema de Alerta Temprana (SAT), la institución registró 128 eventos de conflictividad durante el periodo evaluado.
La tendencia, además, mostró un incremento de las tensiones hacia el final del periodo. El 43% de los casos, equivalente a 55 eventos, se concentró entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre, con una diversificación de las demandas hacia los ámbitos laboral, salarial, salud, educación y minería.
Uno de los principales hallazgos del monitoreo es que la problemática de los combustibles continuó como el eje transversal de la conflictividad social.
