Un monitoreo de violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes da cuenta de 252 víctimas en los primeros seis meses de 2026, una cifra que si bien evidencia el nivel de vulnerabilidad de esta población no refleja, necesariamente, la gravedad de esta problemática considerando que diversas entidades públicas no facilitan los datos y muchas familias deciden de denunciar, según alerta la organización Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Bolivia).
Según el informe elaborado por DNI, la violencia sexual constituye el delito más frecuente y alarmante, representando más de la mitad del total de registros con 134 casos de agresión sexual y 131 registros específicos de vulneración al derecho a la protección sexual, lo que implica resguardar la integridad física y psicológica del menor de edad frente a conductas como abuso, explotación y agresión sexual, además de prevención y educación.
De igual manera, el estudio identificó 70 hechos de violencia física y 66 casos clasificados en la categoría de violencia extrema, entre los que destacan 21 registros de trata y tráfico y 19 infanticidios.
Sandra Carvajal, coordinadora de DNI Bolivia Filial La Paz, explicó a Sumando Voces que el número de casos es superior a similar periodo de 2025, cuando el reporte llegó a 200, es decir que en los primeros seis meses de este año se detectaron 50 más.
Detalló que el monitoreo consiste en el seguimiento y sistematización de la información publicada por 11 medios de comunicación a nivel nacional. Sostuvo que los medios son —en muchos casos— la fuente de datos más accesible frente a la negativa de varias instituciones del Estado a facilitar los registros.
«Muchas veces, a las entidades privadas que buscamos información nos cierran las puertas. Por ejemplo, el año pasado se nos hizo un poco complicado llegar al SLIM en el Distrito 8 de El Alto, donde desarrollamos un proyecto. Con las nuevas autoridades buscamos crear alianzas para trabajar de manera conjunta», indicó.
Carvajal destacó la importancia de contar con datos para que las entidades públicas y privadas diseñen políticas y acciones que contrarresten la problemática. El objetivo es brindar información sistematizada que fortalezca la reflexión, el análisis y la formulación de propuestas de incidencia en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
