La aprobación de los contratos entre Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), el consorcio chino CBC y la empresa rusa, Uranium One Group para la explotación del litio en Bolivia, suscritos durante el gobierno de Luis Arce, fueron paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional debido a una acción popular de 53 comunidades indígenas del Sudoeste potosino pertenecientes a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) y una acción de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental en el 2025. Actualmente el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se encuentra revisando estas acciones judiciales, por lo que solicitó a diferentes instituciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la presentación de información y documentación en calidad de amigos de la corte, o en lenguaje jurídico Amicus Curiae.
CEJIL, es una organización que trabaja por promover la implementación de estándares de derecho internacional y de derechos humanos por medio del litigio estratégico en diferentes países. Helena Rocha, Co-directora del Programa de Brasil y Cono Sur de CEJIL, afirmó que el objetivo del amicus curiae es demostrar cómo las decisiones adoptadas por el Estado sobre los proyectos del litio, vulneran el derecho al agua, la alimentación, a vivir en un ambiente sano y a la participación de las comunidades en asuntos que afectan directamente sus territorios, reiterando la importancia de celebrar y hacer respetar estándares internacionales.
“Lo que hacemos es aportar esos estándares e indicar que hay una obligación de los Estados, en este caso del Estado de Bolivia, a cumplir con esos estándares, esas obligaciones internacionales que se basan en diferentes documentos internacionales”, afirmó Helena Rocha. /Erbol
