por: Raúl Pino-Ichazo Terrazas
Las sociedades tienen esencias que es necesario mantener para su vida, para su permanencia, para que siga siendo satisfactorio pertenecer a ellas. Características relacionadas con sus costumbres, con sus tradiciones y, sobre todo, con la moral.
A la pérdida y al sesgo falso de estas conductas es a lo que en general llamamos corrupción. Escribo corrupción en general, refiriéndome al peculado, la coima, el soborno, el cohecho, la mentira como endémica norma y las dádivas interesadas y pervertidoras en los contratos con el Estado. Una corrupción generalizada en casi todas las sociedades, pero que resalta, se hace más notable y es más dolorosa en los ámbitos de la administración pública, de los gobernantes y, peor aún, de la justicia que en Bolivia es notoria y lastima a la población olvidada y discriminada, que sería el estrato social que más atención merecería. Se dice que corrupciones hubo siempre, como si eso fuera suficiente justificativo y motivo convincente para que nos allanemos a tolerarlas.
Es claro que la humanidad posee una naturaleza pecadora, pero otra inclinada al hacer el Bien y, en este punto decidimos a perder la dignidad y nuestra libertad moral o obedecer la palabra de Dios; pero que seamos proclives a cometer faltas no significa que no debamos rechazarla con sentido común y conciencia moral.
Se roban los dineros que la comunidad necesita en todas las obras que se emprenden, por cuyas autorizaciones de construcción necesarias, los funcionarios que deciden piden abiertamente dinero; se enriquecen administrando los favores que el Estado otorga indebidamente, niegan la inmediata justicia, utilizando la dilación como practica la debilitar la voluntad del económicamente débil, impulsando su desesperación y favorecen a los privilegiados, que pagan prebendas inmediatamente y la contado.
En una década a la que por las públicas inmoralidades se la ha calificado de infame, un legislador sorprendido en un cohecho, de vergüenza no se suicida, como lo haría un juez, al cual su acto verazmente le impacta. Había infamia, pero subsistía la vergüenza. Podría pensarse que ahora, para peor, con pandemia pasada, hasta con las vacunas se negociaron en nuestro país y con los barbijos y existe enorme sospecha en otros paliativos para la salud. La vergüenza ha desaparecido, y que por lo tanto, parte de la sociedad desvinculada de la moral, del bien, de la verdad se precipitará hacia ambientes putrefactos y, se cree, que la corrupción en el Estado es una tendencia ligada a la modernidad, y que por lo tanto aparece como irresistible, como inevitable. Se van descubriendo con las redes sociales y el periodismo libre, aspectos de la delincuencia que hasta hace unos años nos hubieran parecido inaccesibles, pues hubiéramos pensado que un enorme poder oculto conseguiría mantenerlos bajo su manto de oprobio. Se está mostrando permanentemente lo que vengo sosteniendo en mis libros, desde décadas, que existen mafias y que la droga es una realidad (libro “Adiós alas Drogas y a la adicción”)
A la corrupción hay que atacarla en sus orígenes que es la ausencia de formación moral que deben asirse en la mente desde el colegio y refrendarlas en las universidades. Se debe, como imperativo categórico, perseverar en la lucha por el bien, pues la maltrecha moral pública puede ser restaurada si las sociedades reaccionan con la energía que las circunstancias reclaman.
Por eso sostengo en los varios artículos que escribí sobre los servidores públicos en Bolivia que al político o al funcionario que nos está gobernando, se debe juzgarlos con muchísima mayor severidad que los que se dedican a otras actividades. Es ampliamente conocido el concepto que nadie es culpable mientras el juez no lo condene. Está bien, así debe ser, pero sólo en materia criminal, cuando se acusa de delitos. Las inmoralidades, como la mentira, el engaño, el aprovechar la ignorancia, la buena fe o el descuido de los demás, si bien están tipificados se los soluciona con una disculpa pública, por lo tanto nunca un juez va a condenar esas faltas.
Sostener que alguien es inocente porque la justicia no lo condene conduce a un error que desgraciadamente se generaliza. Los inmorales, los que transgreden las normas de corrección, son culpables. La sociedad ha establecido penas para los que cometen delitos y no para los inmorales, ni menos para quienes apliquen preceptos de una ética ajena a la sana doctrina. Hay una razón más fuerte que los obliga con mayor rigor que a los demás prójimos, y es que la vida pública se suele tomar como ejemplo, como modelo de las conductas privadas.
La persona que se siente inclinada a caminar por un mal sendero puede razonar: ¿Por qué no hacerlo yo, cuando legisladores, gobernadores, presidentes, ministros, lo hacen. Los pueblos, el mundo que en su mayoría son honestos y registran decencia en su accionar; desean una sociedad solidaria, austera, limpia e incorruptible. Lo único que podría dar resultados es que en ese mismo pueblo, como el boliviano, el Estado vigile la moral de sus políticos y los condene con ejemplar severidad. Por los delitos, si los hubiere, que intervengan los jueces y que actúen como sea su deber; pero por las inmoralidades, sobre las que la justicia no tiene jurisdicción, debe ser el pueblo, los estados, la opinión pública, la que se pronuncie cada vez que haga falta, con todo el rigor correspondiente con el objetivo de causar la muerte civil
Abogado, posgrados en Filosofía y Ciencia Política CIDES-UMSA, Alta Gerencia para abogados UCB-HARVARD, Interculturalidad y Educación Superior, Derecho Aeronáutico, Arbitraje y Conciliación, Docencia en Educación Superior, doctor honoris causa en Humanidades, profesor universitario en pre y posgrado.
