Fueron denunciados por terrorismo, instigación pública a delinquir, organización criminal y otros delitos, en relación a los 53 días de bloqueo de caminos que generaron más de 24 muertes y millonarias pérdidas al país.
Al menos cuatro procesos se presentaron ante la Fiscalía contra el expresidente Evo Morales, el senador Nilton Condori, un gobernador y otros 10 dirigentes de la ciudad de El Alto, el Chapare cochabambino, la Federación Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, los Interculturales y la Central Obrera Boliviana (COB).
Los datos, registrados en la Fiscalía, surgen a raíz de la aprehensión del líder de la “Tupac Katari”, Vicente Salazar, quien fue capturado este sábado en la ciudad de El Alto, mientras conducía una lujosa camioneta. El dirigente había logrado evadir una primera aprehensión el 10 junio, cuando efectivos de inteligencia lo arrestaron mientras lideraba una de las marchas de su sector en pleno centro paceño.
En ese momento, el Gobierno informó que no existía una orden de aprehensión contra Salazar, debido a que este ganó un amparo constitucional, por medio del cual se dejó sin efecto una orden anterior. Ese mismo fallo benefició al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo y al senador de PDC, Nilton Condori, quienes fueron denunciados por el Ministerio de Gobierno.
El caso tiene el código 201102012603341 y precisa que la denuncia del Ministerio de Gobierno es por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
En un segundo caso, con el código 201102012604189, también abierto en la ciudad de La Paz, figuran los nombres del exejecutivo de la Federación “Túpac Katari”, David Mamani y los dirigentes de la ciudad de El Alto, Pablo Merma y Alberto Quelali. De acuerdo a los documentos a los que EL DEBER accedió, los mismos tienen orden de aprehensión y se autorizó el allanamiento de domicilios para su búsqueda.
Asimismo, según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), existen otros procesos abiertos en contra de Argollo y de Salazar, en los que también están implicados dirigentes cocaleros del Chapare, zona considerada fortín político de Morales.
El cocalero se mantiene refugiado en esa zona desde 2024, a raíz de una primera orden de aprehensión que se tiene en su contra, por un caso que implica el abuso a una menor de 15 años mientras él era presidente del Estado.
En relación a los casos abiertos por los bloqueos, uno de ellos fue presentado el 9 de junio por el asambleísta departamental de Cochabamba por APB-Súmate, Joel Flores, quien también sindicó al actual gobernador de esa región, Leonardo Loza y otros dirigentes evistas.
“Denunciamos penalmente por cinco delitos al expresidente Evo Morales, al gobernador Leonardo Loza, a Nelson Virreira, y a los dirigentes Vicente Choque y Feliciano Vegamonte, por los bloqueos en Cochabamba”.
Finalmente, la denuncia más reciente fue presentada por el Comité Pro Santa Cruz, el 1 de julio. Los cívicos acusan a Morales, por nueve delitos y los señalan como los principales responsables de impulsar los bloqueos y movilizaciones que afectaron al país durante 53 días y que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“No es persecución, no es revanchismo, es justicia lo que queremos para que se acabe la cultura del deshacer Bolivia y quedar impune. Esto recién comienza”, dijo el vicepresidente de la institución, Agustín Zambrana. / El Deber
