Los diputados Israel Mérida, María Soruco y Carlos Alarcón denunciaron este viernes que los proyectos de Ley Antibloqueo presentados por separado en 2025 permanecen paralizados en la Cámara de Diputados y atribuyeron la demora a un supuesto “bloqueo” en el tratamiento legislativo de las iniciativas.
En una conferencia de prensa conjunta, los tres legisladores informaron que decidieron unificar criterios y trabajar en un solo proyecto para impulsar su tratamiento, al considerar que el país requiere una norma que permita prevenir los efectos de futuros bloqueos.
Mérida afirmó que las tres iniciativas se encuentran detenidas en la Comisión de Justicia Plural y cuestionó que se les haya solicitado una nueva etapa de socialización.
“Las tres leyes están siendo bloqueadas. La ley contra el bloqueo está siendo bloqueada en la Comisión de Justicia Plural”, sostuvo el legislador.
Señaló que el país necesita “seguridad jurídica” y una legislación que permita evitar situaciones como las registradas durante los recientes conflictos sociales.
El diputado afirmó que los promotores de la norma ya cumplieron con el proceso de socialización y criticó que ahora se les plantee dialogar con organizaciones como la Central Obrera Boliviana y otros actores que, según dijo, han recurrido a los bloqueos como medida de presión.
Asimismo, advirtió que los conflictos podrían reactivarse en los próximos meses y pidió que el proyecto sea aprobado “a la brevedad posible”.
Por su parte, la diputada María Soruco recordó que los proyectos fueron presentados entre noviembre y diciembre del año pasado y aseguró que no recibieron respuesta de la comisión ni del comité correspondiente.
“Es el clamor de la gente que pide que se trate y de una vez se sancione estas leyes antibloqueos”, manifestó Soruco.
A su vez, Alarcón calificó como un “pretexto” el argumento de que el proyecto requiere mayor socialización, al señalar que transcurrieron seis meses desde su presentación.
El legislador sostuvo que existen encuestas que reflejan un amplio respaldo ciudadano a la iniciativa y afirmó que los recientes bloqueos evidenciaron la necesidad de aprobar la norma.
También planteó que, si el Ejecutivo mantiene dudas sobre la promulgación de la ley, podría convocar a un referéndum para que la ciudadanía defina su vigencia
