El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB) rechazó la amenaza de paro por parte de las máximas autoridades del Órgano Judicial y recordó que la legislación vigente establece como falta grave y causal de suspensión el propiciar huelgas o suspensiones de actividades jurisdiccionales.
El pronunciamiento se da después de que autoridades judiciales advirtieron con un paro nacional escalonado si el Gobierno no atiende su demanda de mayor presupuesto-
CONALAB reconoció que la administración de justicia enfrenta una crisis estructural marcada por la insuficiencia presupuestaria, la sobrecarga procesal, las limitaciones tecnológicas y la demora en reformas, por lo que consideró legítimo que el Órgano Judicial reclame al Estado mejores condiciones materiales, financieras y normativas para cumplir su función constitucional.
Sin embargo, sostuvo que ninguna reivindicación institucional puede justificar la interrupción del servicio de administración de justicia, al tratarse de una función esencial del Estado que debe prestarse de manera permanente, continua e ininterrumpida.
La entidad advirtió que una paralización de actividades jurisdiccionales afectaría directamente el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, además de provocar audiencias suspendidas, retrasos en los procesos, perjuicios para víctimas, personas privadas de libertad y familias, así como un incremento de la retardación judicial.
Asimismo, recordó que el artículo 187, numeral 15, de la Ley 025 del Órgano Judicial establece como falta grave y causal de suspensión «propiciar, organizar, participar en huelgas, paros o suspensiones de actividades jurisdiccionales».
Para CONALAB, resulta jurídicamente preocupante que autoridades encargadas de hacer cumplir la ley impulsen medidas cuya organización se encuentra expresamente restringida por el régimen disciplinario aplicable a la función judicial.
El pronunciamiento también señaló que la crisis de la justicia boliviana trasciende la discusión presupuestaria y responde a problemas acumulados durante décadas, entre ellos la retardación procesal, la corrupción, la falta de transparencia, la percepción de injerencia política, las debilidades de la carrera judicial y la insuficiente rendición de cuentas.
En ese sentido, planteó la necesidad de una reforma judicial integral que fortalezca la independencia de jueces y tribunales, consolide la meritocracia, incorpore evaluaciones objetivas, sancione la corrupción y la negligencia, modernice el sistema mediante tecnología y refuerce los mecanismos de transparencia y control ciudadano.
Finalmente, CONALAB exhortó al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a atender las necesidades estructurales del sistema judicial mediante reformas legales y una asignación presupuestaria acorde con la importancia de la función jurisdiccional.
También instó a las máximas autoridades del Órgano Judicial a privilegiar el diálogo institucional y descartar cualquier medida que implique la suspensión de actividades, para evitar que la ciudadanía resulte perjudicada por un conflicto entre órganos del Estado. /ERBOL
