El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, se pronunció sobre el anuncio realizado por autoridades del Órgano Judicial respecto a la posibilidad de iniciar un paro escalonado de 24, 48 y 72 horas, que posteriormente podría convertirse en indefinido si no se incrementa el presupuesto destinado a este poder del Estado.
Valverde señaló que tuvo conocimiento de la conferencia de prensa ofrecida por el presidente Saucedo, acompañado por el presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Spencer, calificando el anuncio como llamativo. Sin embargo, afirmó que el reclamo por mayores recursos para la administración de justicia es legítimo, debido a que el Órgano Judicial recibe menos del uno por ciento del Presupuesto General del Estado, monto que, según indicó, resulta insuficiente para cubrir las necesidades del país.
El presidente del Colegio de Abogados sostuvo que existen ministerios y otras dependencias estatales que administran mayores recursos que el Órgano Judicial, pese a que este tiene la responsabilidad de administrar justicia. Asimismo, mencionó que, según los datos expuestos, menos del 50% de las provincias del país cuentan con juzgados, mientras que varios municipios carecen de juzgados y fiscalías, situación que limita el acceso de la población a la justicia.
Recordó además que durante la Cumbre por la Reforma Judicial realizada el año pasado ya se había planteado la necesidad de incrementar el presupuesto judicial hasta un cinco por ciento, aunque aseguró que hasta la fecha no se registraron avances ni en ese aspecto ni en la reforma del sistema de justicia.
Valverde manifestó que la transformación de la justicia requiere voluntad política, tanto para garantizar su independencia como para dotarla de las condiciones necesarias para un funcionamiento adecuado. En ese sentido, indicó que quienes ejercen la litigación conocen la elevada carga procesal que enfrentan los juzgados, las salas de apelación y el Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, afirmó que la reforma judicial debe contemplar modificaciones a la Constitución Política del Estado, la Ley 025 y otras normas especiales, con el propósito de incrementar el número de magistrados, vocales y jueces, tanto en las capitales como en las provincias, para agilizar la resolución de los procesos.
Como ejemplo de la mora judicial, explicó que una Sala Social actualmente registra retrasos de entre dos y tres años para resolver recursos de apelación. Añadió que, posteriormente, los procesos deben ser remitidos al Tribunal Supremo, donde pueden permanecer varios años más antes de obtener una resolución definitiva.
A criterio de Valverde, la mora estructural del sistema judicial podría disminuir con la creación de más juzgados, salas departamentales y magistrados nacionales, aunque remarcó que ello requiere una mayor asignación presupuestaria.
No obstante, expresó su desacuerdo con la posibilidad de paralizar las actividades judiciales como medida de presión. «Lo que sí no nos parece correcto es esta situación de un paro a la justicia, porque el día que pare la justicia va a ser un día perdido, un día más de mora y que va a ser irreparable en el daño que se ha podido causar«, afirmó.
Finalmente, manifestó su expectativa de que el anuncio realizado por las autoridades judiciales tenga como objetivo abrir un debate nacional sobre la necesidad de incrementar el presupuesto del Órgano Judicial, evitando llegar a una paralización de actividades. «Reconocemos la necesidad urgente de aumentar el presupuesto del órgano judicial, pero sí, un paro sería catastrófico para el usuario, para quien busca tener justicia«.
