Diputado por Tarija plantea modificar la Ley 348 para sancionar las denuncias falsas

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El diputado por Tarija, Rodrigo Fuenzalida, informó que impulsa un proyecto de modificación a la Ley 348, específicamente al artículo 100, con el propósito de establecer sanciones para las personas que presenten denuncias falsas, sin afectar el objetivo principal de la norma de protección a las mujeres víctimas de violencia.

La autoridad explicó que la propuesta busca que, dentro de los protocolos, no solo se informe a las mujeres que presentan denuncias, sino también a quienes las incentiven o a abogados que, según señaló, hayan utilizado indebidamente la ley para obtener beneficios en procesos judiciales. En ese sentido, indicó que estas personas deberán conocer oportunamente que una denuncia falsa podría derivar en penas efectivas de hasta seis años de cárcel, además del resarcimiento social y económico a las víctimas.

Fuenzalida añadió que la iniciativa también contempla un impedimento para desempeñar funciones en instituciones públicas por un tiempo equivalente al doble de la sentencia impuesta a quien haya realizado una acusación falsa.

«Esto no es contra la Ley 348. La 348 tiene que ser fortalecida, es una ley que defiende a las mujeres de todo tipo de violencia, pero sí castigar de manera enérgica a quienes están mal utilizando esta ley para su beneficio«, afirmó.

El legislador señaló que la modificación propuesta pretende evitar que las denuncias falsas queden impunes, al incorporar mecanismos que permitan advertir a los denunciantes sobre las consecuencias legales de presentar acusaciones sin fundamento.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es mantener la protección frente a toda forma de violencia contra las mujeres, pero también garantizar que exista responsabilidad cuando se compruebe que una denuncia fue presentada de manera falsa.

Como respaldo de la propuesta, Fuenzalida mencionó un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, señalando que, en una revisión de 130 carpetas a nivel nacional, aproximadamente el 61% presentaba procedimientos inadecuados o no contaba con elementos suficientes para demostrar que los hechos denunciados hubieran ocurrido. En ese contexto, remarcó que las personas que formulen denuncias deberán conocer desde el inicio que, si se demuestra que no cumplieron con los requisitos establecidos, podrán enfrentar penas de cumplimiento efectivo.

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