La Cámara de Diputados aprobó la ley que reglamenta los estados de excepción en Bolivia, después de que la norma ya hubiera recibido el visto bueno de la Cámara de Senadores. Con esta última aprobación legislativa, el siguiente paso es la promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz. Una vez que esto ocurra, la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que incorpora un enfoque centrado en la acción humanitaria y la protección del abastecimiento, entrará oficialmente en vigencia en todo el país.
La nueva normativa establece las reglas y procedimientos que deberán aplicarse en caso de que el Gobierno considere necesario declarar un estado de excepción. Esto significa que, si en algún momento el presidente Rodrigo Paz decide adoptar esta medida ante una situación de crisis, deberá hacerlo siguiendo los lineamientos, límites y obligaciones establecidos en esta ley ya aprobada por la Asamblea Legislativa.
La medida surge en medio de la crisis que atraviesa el país tras 38 días de bloqueos de carreteras, una situación que ha generado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y dificultades para la atención médica en varias regiones.
Las autoridades explicaron que esta ley busca darle al Gobierno herramientas especiales para actuar cuando una emergencia supera la capacidad normal de las instituciones. Sin embargo, aclararon que no significa la suspensión de todos los derechos de los ciudadanos ni otorga poderes ilimitados al Gobierno.
El presidente Rodrigo Paz afirmó que la norma tiene como principal objetivo garantizar el abastecimiento de la población. Según sus palabras, se trata de una medida destinada a enfrentar la falta de alimentos, combustibles y atención médica que afecta a miles de familias.
Con la nueva ley, cuando exista una situación de emergencia grave, el Gobierno podrá tomar decisiones de manera más rápida, utilizar recursos económicos de emergencia y coordinar acciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el tránsito y garantizar el suministro de productos esenciales.
Para la activación del estado de excepción, el procedimiento establece una serie de pasos rigurosos que garantizan el control democrático. En primera instancia, el Poder Ejecutivo, a través del Presidente y en Consejo de Ministros, emite un Decreto Supremo en el que se detalla minuciosamente la causa de la emergencia y el área geográfica afectada. Posteriormente, en un plazo máximo de 24 horas, el Ejecutivo debe remitir dicho decreto a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente revisión. Una vez recibido, el Órgano Legislativo cuenta con un límite de 72 horas para debatir y aprobar o rechazar la medida, definiendo además cuáles serán las facultades extraordinarias que se otorgarán. Finalmente, durante la fase de ejecución, se implementa un mecanismo de control semanal mediante informes para fiscalizar el desarrollo y cumplimiento de la norma.
Uno de los puntos más importantes de la norma es la creación de corredores humanitarios, es decir, rutas protegidas que deberán mantenerse abiertas para permitir el paso de ambulancias, oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos y combustibles. El objetivo es evitar que las ciudades queden aisladas o que los hospitales se queden sin insumos.
La ley también establece sanciones para quienes impidan el paso de estos convoyes de ayuda. Las personas que bloqueen deliberadamente estas rutas podrán ser detenidas y enfrentar procesos judiciales. Las penas previstas van de 4 a 8 años de prisión cuando se afecten servicios esenciales o la salud de la población.
Las sanciones serán aún mayores si el bloqueo provoca la muerte de una persona, por ejemplo, al impedir el paso de una ambulancia. En esos casos, los responsables podrían enfrentar condenas de 10 a 20 años de cárcel. Además, el Estado podrá retener vehículos o maquinaria utilizados para bloquear las carreteras y destinarlos a tareas de abastecimiento.
A pesar de las medidas extraordinarias, la ley establece límites claros para evitar abusos. Se mantiene la protección de los derechos fundamentales, por lo que quedan prohibidas prácticas como la tortura, los malos tratos o cualquier acción que vulnere la integridad de las personas. Asimismo, no se podrá censurar a los medios de comunicación ni suspender el funcionamiento de la justicia.
La norma también prohíbe cortar servicios básicos como agua, energía eléctrica o gas a las poblaciones afectadas por conflictos sociales.
La ley establece un principio de gradualidad. La Policía Boliviana mantiene el mando primario y la responsabilidad principal de mantener el orden público. Las Fuerzas Armadas solo entran a intervenir cuando la Policía es formalmente rebasada ante una situación de conmoción interna.
El Despliegue de las FFAA, se habilita de forma extraordinaria para intervenir directamente en las tareas de desbloqueo de rutas u otros factores dentro lo establecido, se presume la legalidad de las actuaciones de las fuerzas del orden mientras dure el estado de excepción.
En caso de que las Fuerzas Armadas participen en operativos de desbloqueo, deberán actuar bajo las órdenes de las autoridades civiles. Los militares no podrán asumir el control político de ninguna región ni trasladar a personas detenidas a cuarteles; estas deberán ser entregadas a la Policía o al Ministerio Público.
Los militares y policías están facultados para realizar operaciones conjuntas bajo criterios de uso diferenciado, excepcional y estrictamente necesario de la fuerza, proceder al arresto y traslado de personas que incumplan las restricciones impuestas, pero con un límite estricto: no pueden retenerlas por más de 8 horas y resguardar infraestructura crítica que incluyen servicios básicos y suministros.
Para garantizar el control de estas medidas, el presidente deberá informar a la Asamblea Legislativa sobre cualquier decreto de excepción emitido. Los legisladores tendrán un plazo para debatirlo y decidir si lo aprueban o lo rechazan. Además, mientras dure la emergencia, el Gobierno deberá presentar informes periódicos sobre el uso de recursos y el respeto de los derechos humanos.
La duración máxima de un estado de excepción será de 90 días, ampliables solo con permiso de la Asamblea, tras lo cual deberá restablecerse la normalidad institucional.
La ley también garantiza que los ciudadanos conservarán su derecho a la defensa y podrán acudir ante un juez si consideran que fueron detenidos de manera injusta. Una vez concluida la emergencia, cualquier funcionario o miembro de las fuerzas de seguridad que haya cometido abusos podrá ser investigado y procesado por la justicia ordinaria.
