El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Jaime Ortiz, se refirió a las declaraciones del ministro Mauricio Zamora sobre la anulación de la orden de aprehensión contra Mario Argollo y señaló que, según se indicó, este tema ya no estaría en manos del Gobierno, sino de la justicia.
Ortiz manifestó dudas respecto a esta situación y expresó: “Entonces, ¿quién cree a quién?”. Sin embargo, indicó que se debe dar “el beneficio de la duda” para que exista un espacio que permita levantar todas las órdenes de apremio, liberar a las personas detenidas y llegar a una “mesa de diálogo real y sincera”.
Asimismo, afirmó que existe una “cierta desesperación” en el presidente del Estado por los acontecimientos que ocurren en La Paz. “Ustedes ayer lo han visto bastante nervioso, bastante preocupado”, sostuvo, cuestionando además el tono del mandatario al convocar al diálogo. “Por última vez los llamo”, citó Ortiz, señalando que esa postura da a entender: “Bueno, si quieren me hacen caso, si no se van al diablo”.
En ese sentido, pidió al presidente “dejar un poquito la soberbia” y trabajar por la pacificación del país. “Yo creo que es el mensaje que todos quieren escuchar”, afirmó, insistiendo además en la necesidad de que las mesas de diálogo y negociación sean prácticas y efectivas.
También indicó que el llamado al diálogo realizado por el vicepresidente habría cobrado vigencia y consideró positivo ese escenario. Sin embargo, remarcó que tanto el presidente como el vicepresidente deben unificar criterios para convocar al consenso junto a las organizaciones sociales, los movilizados y la Central Obrera Boliviana.
Ortiz aseguró que mientras no se suspendan las órdenes de aprehensión no asistirán al diálogo. “Es una lógica”, expresó, argumentando que Mario Argollo, a quien calificó como “interlocutor válido”, no podrá participar en negociaciones por temor a ser detenido apenas salga a la calle.
Además, cuestionó el funcionamiento de la justicia y advirtió que los procesos pueden extenderse por largos periodos. “Como conocemos la justicia, para investigación seis meses, después nueve meses, un año, dos años y lo van a tener en la cárcel”, manifestó, señalando que actualmente “no hay garantías”.
Por ello, sostuvo que las garantías deben consistir en la suspensión de las órdenes de aprehensión y en brindar seguridad a quienes participen de las mesas de diálogo. “Esa tiene que ser la condición, porque si no, no hay diálogo”, afirmó.
Finalmente, indicó que existen dirigentes que fueron apresados “solamente por ser dirigentes” y pidió que sean puestos en libertad.
