El representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, David López, se refirió al proceso judicial que se encuentra en etapa de juicio oral y señaló que la declaratoria de rebeldía emitida por el tribunal competente ha provocado la suspensión del proceso mientras se ejecuta el mandamiento correspondiente.
López explicó que el Tribunal Penal ya había iniciado la etapa de juicio oral como tal, sin embargo, indicó que el proceso quedó suspendido tras declararse la rebeldía del acusado. “Se ha emitido el mandamiento que corresponde”, sostuvo.
En ese contexto, afirmó que en un Estado de derecho fortalecido los mecanismos legales tendrían que actuar de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de la ley. “Los mecanismos del Estado, de la fuerza legal y el monopolio que tiene el Estado para poder hacer cumplir la ley, tendrían que operar inmediatamente para que pueda ser conducido y sometido al proceso judicial que corresponde”, manifestó.
Asimismo, remarcó que cualquier ciudadano tiene derecho a la defensa, al debido proceso y a las garantías constitucionales. “Él tiene todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, el derecho a la defensa, al debido proceso, a las garantías procesales que le establece la Constitución y las leyes”, señaló.
Sin embargo, indicó que el escenario jurídico termina mezclándose con factores políticos que influyen en las decisiones. “Lo político impera sobre lo jurídico”, afirmó, señalando que esta situación ha derivado en una rebeldía que se mantiene desde hace bastante tiempo en diferentes instancias.
López sostuvo además que, por el rol histórico y los resultados que pueda tener este caso, el acusado debería presentarse ante la justicia. “Si sus abogados están cotidianamente indicando que él es inocente y que tienen todas las pruebas para desvirtuar la demanda, entonces, ¿por qué no se presentan al proceso y ejercen todos sus derechos a la defensa?”, cuestionó.
Añadió que, incluso en caso de una decisión adversa, existen otros recursos legales disponibles dentro del sistema judicial. “Inclusive tienen otros recursos además”, expresó.
Consultado sobre una posible protección política desde el Gobierno, respondió: “¿Será que hay protección por parte del gobierno? Podría ser. Miren, es lo que siempre ocurrió”.
El representante de Derechos Humanos lamentó además que no existan decisiones firmes para ejecutar las determinaciones judiciales y reiteró que la influencia política prevalece sobre las normas jurídicas. “Tendría que ser como cualquier otro ciudadano conducido, porque si alguien comete un delito, es inmediatamente conducido ante las instancias competentes para ser procesado judicialmente”, indicó.
Finalmente, aseguró que no deberían existir privilegios dentro de la administración de justicia y atribuyó la situación actual a condicionamientos políticos y a la debilidad institucional del Estado. “Si no se lo hace es porque hay, lamentablemente, condicionamientos políticos y también la debilidad del Estado y de las instituciones”, concluyó.
