por: Gary Antonio Rodríguez Álvarez
No contentos con el 20% de incremento al Salario Mínimo Nacional impuesto por Decreto Supremo para aplicarse desde enero de 2026, una colosal subida que ni el Movimiento Al Socialismo osó realizar en 20 años, los muchachos de la Central Obrera Boliviana (COB), fiel a su estilo de pedir y amenazar, en plena crisis exigen hoy otro descomunal aumento del 20%, esta vez, al Salario Básico ¡locura total!
Cuando Bolivia viene saliendo de una estanflación, con una desaceleración productiva en curso y un tejido empresarial debilitado desde la pandemia, lo mínimo que se puede decir de tal pedido es que no solo es irracional, sino, contradictorio con el objetivo que se pretende, ya que cuando un alza salarial se impone por razones políticas y a fuerza de dinamitazos -como estila la COB- el resultado acaba afectando negativamente a la propia “clase obrera”.
Plantear hoy cualquier incremento salarial obligatorio implica desconocer la realidad, siendo que sectores clave -como servicios, transporte, construcción e industria- están en contracción, tal el caso del rubro de los Operadores de Comercio Exterior, que enfrenta una situación crítica por la caída de dicha actividad; las condiciones de competencia poco equitativas frente a operadores vinculados al ámbito estatal en materia aduanera; la competencia desleal del contrabando al comercio y la producción legalmente establecidos; la falta de combustible que amenaza la actividad económica, etc., pero, pese a ello ¡los señoritos de la COB, exigen un incremento salarial del 20%!
Siendo que la situación podría empeorar por el “efecto en cascada” sobre los costos que produce la subida de salarios, el gobierno no debería dejarse chantajear y cada empresa debería negociar en función de su realidad para aumentar o congelar los sueldos a fin de proteger la producción y preservar el empleo formal.
Es que, la economía no se rige por deseos, sino por realidades, y cuando se ignora esto, el costo lo paga el trabajador, no los orondos dirigentes de la COB que además de no trabajar -por estar declarados “en comisión”- están acusados de ganar sueldos tan, pero tan altos, que resultan una obscenidad para el país.
Es duro decirlo, pero la única forma de mejorar sanamente el ingreso del trabajador es por un aumento de su productividad, de ahí que, toda imposición por Decreto provocará una escalada de precios, desempleo e informalidad.
Como era de esperar, las Cámaras empresariales rechazaron el incremento del 20% alertando que podría generar inflación, cierre de empresas y destrucción del empleo formal, ya que, si el costo laboral sube artificialmente, las empresas reducirán personal, bajarán su inversión o pasarán a la informalidad, y, en un país que es campeón mundial en este campo, el efecto podría ser devastador.
¡Hasta los gremialistas han expresado su rechazo y ni qué decir las MiPymes! No porque se opongan a mejores salarios, sino, por algo que los tipos de la COB ignoran: no se puede repartir lo que no se produce. Incluso el gobierno, dada la situación del país, descartó la posibilidad de un incremento del 20% y planteó un diálogo tripartito trabajadores-empleadores-Estado, entiendo yo, sin el compromiso de fijar un incremento salarial obligatorio, ya que la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que el tema salarial se debe resolver con diálogo, no por una imposición unilateral, de ahí que, el Estado no es quién para fijar salarios arbitrariamente, sino, que debe ser un facilitador de acuerdos entre las partes, basados en la realidad de las unidades productivas, comerciales y de servicios, mucho más ahora cuando el país encara un nuevo ciclo histórico para clausurar el Estado paternalista, populista y benefactor que decidía política y discriminatoriamente sobre vidas y haciendas ajenas.
Adicionalmente, hay algo que no debe ignorarse: la COB fue parte activa de un modelo económico que apostó por el control estatal, la expansión del gasto y la ilusión de que la riqueza podía redistribuirse sin ser previamente generada, ya que repartir lo que no es de uno, es una confiscación, no, “justicia social”.
La historia ha demostrado que las políticas intervencionistas ocasionan distorsiones y perjudican a quienes se pretende ayudar: Un aumento salarial del 20% elevaría los costos, se trasladaría a los precios, caerían los empleos dignos, subiría la informalidad y bajaría el bienestar. ¡Cuidado, con la economía no se juega!
Hugo Chávez subía salarios a su antojo, expropiaba, fijaba precios y regalaba lo ajeno, hasta que comprobó que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno; Maduro lo hizo de película: pagaba hasta 3 aguinaldos y adelantaba el festejo de la Navidad, pero, esta praxis del Socialismo del Siglo XXI que le gusta a los de la COB, acabó llevando a la gente a buscar alimento en la basura y a un éxodo de 8 millones de venezolanos, para vivir como parias en el extranjero.
Así que ¿aumento salarial del 20% al Haber Básico? ¡Nones! ¡Ni en esta vida ni en la otra!
Economista y Magíster en Comercio Internacional
