El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes, se refirió a la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de Claudia Cronenbold, destacando su trayectoria y señalando la necesidad de una refundación o reingeniería en el sector hidrocarburífero.
“Claudia Cronenbold ha ejercido funciones de gerencia en importantes áreas de Petrobras en Brasil, por lo que es una profesional altamente capacitada”, indicó, añadiendo que existía expectativa sobre su gestión; sin embargo, “antes de cumplir un mes decidió renunciar, argumentando que la empresa se encuentra en una situación muy crítica”.
Montes señaló que esta situación ya era conocida y que evidencia la necesidad de una reconducción de la política hidrocarburífera en Bolivia, planteando que el problema no se limita a la institución, sino que requiere una nueva Ley de Hidrocarburos. “Es considerada clave para permitir la participación de empresas petroleras con experiencia, especialmente en el área de producción de hidrocarburos”, afirmó.
Asimismo, explicó que antes de producir es necesario explorar y perforar, procesos que implican altos riesgos de inversión y un elevado nivel técnico, por lo que requieren la participación de empresas especializadas. En ese sentido, sostuvo que “YPFB se encuentra lejos de cumplir eficazmente esta tarea”, señalando que en los últimos 20 años no se han logrado resultados exitosos, pese a la inversión de cientos de millones de dólares.
En ese contexto, insistió en la necesidad de una nueva normativa hidrocarburífera que permita la participación de múltiples empresas en áreas como la exploración, perforación, producción y comercialización, considerando que el principal problema radica en la actual ley vigente, la cual debe ser modificada. A partir de ello, planteó la necesidad de redefinir el rol de YPFB dentro de este nuevo marco legal.
El gobernador también hizo referencia a problemas internos en la empresa, relacionados con aspectos laborales y sindicales. “Se señala que existen trabajadores con altos ingresos y prolongadas comisiones, lo que genera un impacto financiero significativo”, indicó, planteando la necesidad de revisar la Ley General del Trabajo, argumentando que su estructura actual fomenta la informalidad laboral.
Finalmente, Montes sostuvo que las instituciones dependen de las personas que las conforman, por lo que consideró fundamental abordar primero el régimen laboral y luego avanzar hacia una reestructuración de YPFB, definiendo con claridad sus funciones. “Se sugiere que la empresa podría asumir un rol fiscalizador”, supervisando las actividades del sector, en lugar de concentrar todas las funciones energéticas, concluyendo que esa expectativa está lejos de ser realista.
