La Fiscalía General del Estado informó que actualmente no cuenta con acceso directo a la deep web ni a la dark web para el seguimiento de delitos sexuales contra menores. La fiscal superior en razón de género, Alejandra Rocha Villarroel, explicó que ese nivel de investigación requiere especialización técnica y herramientas aún en desarrollo.
Rocha precisó que la normativa vigente contempla la figura de agentes encubiertos digitales, quienes podrán operar en entornos virtuales restringidos con autorización judicial previa, garantizando el debido proceso y el principio de legalidad en la obtención de pruebas.
En el país, la unidad encargada de la gestión de material de abuso sexual infantil atiende 19 casos a nivel nacional. Como parte de estas investigaciones, el pasado viernes 10 se ejecutaron operativos simultáneos que derivaron en 10 personas detenidas y seis arrestadas.
Las pesquisas se centran en delitos vinculados al almacenamiento de material de abuso sexual infantil, aunque no se descarta la ampliación hacia otros tipos penales, como abuso sexual o violación agravada en entornos digitales.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público incautó equipos tecnológicos que serán sometidos a pericias especializadas: dos computadoras de escritorio, 12 portátiles, nueve tabletas, 64 teléfonos móviles, 22 memorias externas, tres grabadoras de video digital (DVR) y un TV Box.
Las evidencias incluyen fotografías, videos, audios y conversaciones relacionadas con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Según la Fiscalía, gran parte de este material es producido y almacenado en el país, y detectado posteriormente por plataformas internacionales.
El Ministerio Público indicó que mantiene convenios de cooperación internacional que permiten recibir reportes desde redes sociales y servicios digitales como TikTok, Facebook y YouTube, donde se identifican contenidos ilícitos que luego son compartidos o almacenados en la nube.
En ese marco, la Ley N° 1636 establece medidas para prevenir, investigar y sancionar estos delitos en entornos digitales, incluyendo penas de entre 15 y 20 años de prisión en casos de explotación sexual infantil.
La norma incorpora nuevos tipos penales, como la captación de menores con fines sexuales, la solicitud o envío de contenido ilícito, la exposición a material sexual y la producción de este tipo de contenido, considerado el delito más grave.
Respecto a las herramientas actuales, la Fiscalía señaló que trabaja principalmente con fuentes abiertas y sistemas de gestión de información como el SIND, utilizado para el seguimiento y organización de datos en investigaciones.
Finalmente, la institución subrayó que los operativos se desarrollaron bajo principios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada, y no descartó la ampliación de las investigaciones, tras el hallazgo de otros elementos como sustancias controladas, un arma de fuego, munición y dinero, que evidencian la complejidad de los casos. / por: Iván Ramos – Periodismo que Cuenta / Erbol
