La senadora Marcela Guerrero denunció que el uso de combustible de mala calidad estaría generando daños económicos elevados a los propietarios de vehículos, con pérdidas que oscilan entre 3.000, 5.000 y hasta 10.000 bolivianos, dependiendo del motorizado, sin que exista una compensación real por parte de las autoridades.
“El daño que se está ocasionando son montos sumamente altos (…) y eso no te devuelve ni la ANH ni YPFB”, afirmó, señalando que los reembolsos alcanzan como máximo los 2.500 bolivianos, además de cuestionar los trámites burocráticos y el rechazo de muchas solicitudes.
En ese contexto, sostuvo que la ciudadanía es la principal afectada, asumiendo los costos de una situación que aún no tiene responsables claros. “Lo cierto es que la ciudadanía hoy por hoy está pagando los platos rotos”, indicó, mencionando además posibles fallas en contratos que hasta el momento no han sido transparentados para su análisis.
Ante esta problemática, Guerrero informó que se presentó un proyecto de ley que actualmente ingresa a la Cámara de Diputados, luego de haber sido rechazado en el Senado, con el objetivo de permitir que empresarios privados importen combustible como una medida excepcional.
La propuesta plantea una ley corta que habilitaría esta importación por un periodo de un año, con la posibilidad de otorgar licencias en un plazo de 48 horas, cumpliendo los procedimientos establecidos. Según explicó, esta medida busca replicar experiencias anteriores donde se permitió la participación privada para reducir las largas filas por combustible.
“Necesitamos un combustible de buena calidad (…) no podemos parar todo el aparato productivo económico del país”, enfatizó, advirtiendo que la situación actual no solo afecta a los vehículos, sino también incrementa los costos de vida, especialmente en alimentos.
En ese sentido, señaló que los ciudadanos están enfrentando gastos elevados, con productos que alcanzan precios de 80, 100 y hasta 300 bolivianos, lo que agrava el impacto económico general.
Asimismo, destacó que la propuesta contempla un esquema de libre competencia, donde múltiples empresas podrían participar en la importación, permitiendo al consumidor elegir y generando la posibilidad de estabilizar o reducir los costos del combustible.
“Quien toma la decisión de hacer la compra es el ciudadano”, indicó, remarcando que la apertura del mercado podría contribuir a cubrir la demanda nacional y dar una solución más estructural al problema.
Finalmente, advirtió que pese a reuniones y cambios de autoridades, aún no existe una solución concreta, mientras el combustible cuestionado continúa siendo comercializado en distintas estaciones del país, especialmente en Tarija.
