El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, se pronunció respecto a lo acontecido en La Paz con los candidatos a la Gobernación, señalando que la normativa vigente no contempla el retiro de candidaturas por parte de organizaciones políticas.
Valverde manifestó que: “La Constitución Política del Estado y la Ley Electoral no existe la figura de que la organización política retire la candidatura del candidato”, enfatizando que este tipo de acciones no tiene respaldo legal.
En ese sentido, explicó que uno de los principios fundamentales en el proceso democrático es el voto ciudadano, indicando que: “primero tenemos que hablar del principio del voto soberano que garantiza la expresión de la población que es la base fundamental de la democracia, primer elemento que podría estar siendo viciado en la nulidad”, advirtiendo posibles implicaciones jurídicas.
Asimismo, señaló que la normativa establece claramente que la candidatura debe ser presentada por el propio postulante, afirmando que: “segundo es que en la Ley Electoral claramente dice que debe ser el candidato quien debe presentar la candidatura, no puede hacerlo una tercera persona sin su consentimiento, ahí se emite el consentimiento”, subrayando la importancia de la voluntad individual.
En esa línea, sostuvo que una organización política no puede retirar de manera unilateral la participación de un candidato, indicando que: “por lo tanto la organización política no puede retirar unilateralmente la participación del candidato o de la sigla porque se entiende que el derecho a ser elegido y la expresión del pueblo está por encima de la decisión del representante de la organización política”.
Finalmente, calificó la situación como irregular y advirtió sobre posibles acciones legales, señalando que: “es una situación anómala y esperamos que el TSE no dé curso a esto porque si lo hace el candidato debe interponer acciones legales de carácter urgente para evitar la vulneración de derechos políticos y civil de él y de la ciudadanía”, enfatizando la necesidad de resguardar los derechos democráticos.
