Tarija fue el punto de partida del proceso de socialización del anteproyecto de Ley para Emprendimientos Emergentes, impulsado por la diputada Andrea Ballivián (Alianza Unidad) en articulación con la Coordinadora de la Mujer. La iniciativa busca establecer un marco legal de fomento para los emprendimientos emergentes en Bolivia.
La propuesta legislativa apunta a generar condiciones más favorables para el desarrollo y la sostenibilidad de los emprendimientos, a través de incentivos tributarios y administrativos, así como servicios de apoyo integral, con énfasis en la innovación y el uso de tecnología para promover la competitividad del país.
El proceso de socialización, que se desarrollará en distintas ciudades del país, se inicia este viernes en la capital chapaca con organizaciones de emprendedores y emprendedoras, en un espacio que permitió presentar los principales alcances del anteproyecto y recoger aportes del sector productivo, de cara a su futura presentación y tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La propuesta parte del reconocimiento de que el emprendimiento constituye un motor estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico, pero enfrenta obstáculos estructurales como el acceso limitado al financiamiento y a los mercados, la carga burocrática del marco normativo vigente y las brechas económicas y sociales que afectan la sostenibilidad de las iniciativas productivas.
“No es fácil emprender en el país. Según el Censo 2024, las mujeres representan el 80% del sector informal en Bolivia. En su mayoría son cabezas de hogar y es un sector que el Estado tiene la responsabilidad de atender. Estamos trabajando para que cada emprendedor y emprendedora que hoy está en la informalidad cuente con una ley que le permita emprender”, afirmó la diputada Andrea Ballivián, proyectista de la norma.
Por su parte, Mónica Chuquimia, responsable de empoderamiento económico de la Coordinadora de la Mujer, subrayó la importancia de contar con un marco normativo que promueva la autonomía económica de las mujeres. “Es fundamental que el ecosistema emprendedor tenga acceso a recursos y oportunidades que permitan desarrollar negocios sostenibles en el mercado boliviano, impulsando su competitividad, innovación y crecimiento”, señaló.
Según la investigación Alli Cullqi: Derechos Económicos de las Mujeres Diversas en Bolivia, presentada por la Coordinadora de la Mujer la semana pasada, más del 70% de las mujeres trabaja en el sector informal, principal vía de inserción económica, lo que limita su acceso a seguros de salud, aportes para la jubilación y mecanismos de financiamiento.
La socialización del anteproyecto continuará en otros departamentos como parte de un proceso de diálogo con actores del ecosistema emprendedor, con el objetivo de fortalecer la propuesta normativa y avanzar hacia un marco legal que brinde mayor protección, estabilidad y oportunidades a los emprendimientos emergentes en el país.
Esta iniciativa tiene lugar en el marco del proyecto “Jóvenes y mujeres por la Agenda 2030”, implementado por la Coordinadora de la Mujer, con el financiamiento de la Unión Europea
