El economista Fernando Romero señaló que, entre los aspectos positivos, se mantiene la eliminación de la subvención a los carburantes, una medida que consideró un paso importante para el reajuste y la estabilización económica. Asimismo, destacó que continúan vigentes las medidas económicas destinadas a proteger a los grupos vulnerables y a los hogares pobres, tomando en cuenta que el proceso de ajuste recién comienza.
No obstante, Romero advirtió que también existen elementos negativos que generan preocupación. Indicó que se ha dado una señal negativa tanto a nivel interno como externo, debido a que no se estaría garantizando seguridad económica ni jurídica, lo que afecta directamente la capacidad de gobernar. En ese sentido, expresó de manera directa: “Un gobierno no puede gobernar bajo presiones sociales o de otro tipo”.
El economista explicó que los incrementos de rentas o beneficios sociales mediante transferencias económicas podrían empujar a un mayor gasto público, lo que a su vez haría más complejo reducir el déficit fiscal. Añadió que esta situación evidencia que la estructura económica del país aún requiere medidas de shock, las cuales, según se plantea, deberían ser consensuadas.
Romero remarcó que, si bien el diálogo y el consenso son la base de la gobernabilidad, estos no deben darse bajo ningún tipo de presión. Respecto al nuevo decreto que prevé emitir el Gobierno, señaló que podría abordar temas pendientes como FASTRAC, aunque cuestionó que su elaboración se realice únicamente con la COP y sectores afines, excluyendo al sector privado, industrial y otros actores que también deberían participar.
Asimismo, lamentó que aspectos considerados importantes hayan quedado sin efecto, como el perdonazo tributario, otros alivios fiscales y políticas orientadas a fomentar la inversión privada y extranjera. En ese marco, sostuvo que no se debe negociar, sino consensuar y dialogar técnicamente, incorporando las demandas y necesidades de diversos sectores y no solo de la COP y sus aliados.
Finalmente, el economista Fernando Romero afirmó que, aunque el acta firmada ha permitido salvar el discriminio de crédito, persisten dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar medidas estructurales, advirtiendo que ante presiones de mayor magnitud podría retroceder, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de reformas fiscales u otras medidas de mayor impacto.
