El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, conformó una alianza política de cara a las elecciones autonómicas de marzo del próximo año.
“Patria”, como se denominó la alianza, está integrada por la agrupación municipal de Paz, Primero la Gente; el partido del empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina, Unidad Nacional; la agrupación del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, Sol.Bo; y el frente del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Creemos.
A este bloque también se suma el histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del expresidente y padre del actual mandatario, Jaime Paz Zamora. El MIR fue uno de los partidos protagonistas en la política boliviana tras la recuperación de la democracia en 1982.
Tras más de tres décadas de actividad, el MIR perdió la personería jurídica luego de la elección de asambleístas constituyentes en julio de 2006, al no alcanzar el mínimo de votos exigido legalmente (2%) para mantener vigente la sigla.
Al histórico partido, que había gobernado entre 1989 y 1993, inicialmente le fue impuesta una multa de 333.920 bolivianos (casi 48 mil dólares) por el concepto de devolución de la cuota que le correspondía por la impresión de papeletas electorales. Sin embargo, al no haberse realizado el pago en el plazo de un mes —como establecía el Código Electoral vigente entonces—, se le revocó la personería jurídica, según se explica en una resolución oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En 2020, la representación legal del MIR presentó ante el TSE un recurso de revisión que alegaba no haber sido notificada y haber pagado la multa mediante la entrega de un inmueble. Este recurso de revisión fue rechazado en abril de 2021.
Este año, una sala constitucional del departamento del Beni anuló todo el proceso contra el partido porque consideró que se vulneraron los derechos de los militantes y que hubo una doble sanción: multa y pérdida de personería jurídica, explicó el nuevo presidente del organismo electoral, Gustavo Ávila, a Infobae.
“(La resolución judicial) anula el proceso. Cuando se vuelve a empezar la causa, se verifica que no se puede aplicar doble sanción, si aplica la pérdida de la personería, no aplicas la sanción económica”, explicó el vocal y dijo que la orden insta al TSE a “proteger los derechos colectivos de los militantes”. En ese sentido, la Sala Plena determinó mantener la multa, cuyo pago tiene que ser acreditado, y restituir la personería jurídica.
