El economista Fernando Romero señaló que los recientes anuncios del gobierno son más declaraciones de intención que medidas anticrisis, enfocadas en lo que se emprenderá en las próximas semanas, pero que no han colmado las expectativas de la población.
Romero explicó que, si bien es positivo que se paguen beneficios pendientes desde 2023, lo que dinamiza algo la economía, estas acciones también podrían incrementar el gasto público. “Esto es parte de los compromisos que cualquier gobierno tiene, y en ese sentido no va a solucionar, al menos a corto plazo, problemas como inflación, falta de dólares y desabastecimiento de carburantes”, afirmó.
Entre los anuncios más positivos, el economista destacó la garantía de medicamentos, diésel y gasolina, así como el pago de bonos sociales. Sin embargo, criticó la eliminación de cuatro impuestos, que representan aproximadamente 1% de la recaudación tributaria, y señaló que estos son de bajo impacto económico y social, mientras la población esperaba un perdonazo tributario que hubiese dinamizado la economía de manera más efectiva.
Romero ilustró: “Si un ciudadano debe 100 bolivianos en impuestos, pero acumula 3.000 en multas e intereses, un perdonazo permitiría pagar la deuda y al mismo tiempo activar consumo y producción. Esto no ocurrirá por el momento, y esos impuestos benefician principalmente a un pequeño sector empresarial o familias con altos ingresos”.
El anuncio más relevante, según Romero, fue la reducción del gasto estatal en 30%, aunque no se aclaró si aplicará al presupuesto vigente o al que se aprobará a final de gestión. Con un presupuesto de 377 mil millones de bolivianos, esta reducción podría significar cerca de 100 mil millones de bolivianos, lo que implicaría cierres de empresas estatales, eliminación de subvenciones a carburantes y reajustes profundos, con un alto costo social en términos de pobreza y desempleo.
El economista advirtió que estas decisiones podrían afectar a empleados estatales, principalmente de la gestión anterior, cuya seguridad laboral estaría en riesgo, y enfatizó que la efectividad de las medidas dependerá de la creación de un ambiente económico y jurídico favorable para empresas e inversión.
