El sistema penitenciario cubano atraviesa una crisis humanitaria de gran magnitud, según el informe anual elaborado por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), que documentó 1.858 eventos relacionados con personas privadas de libertad entre marzo de 2024 y el mismo mes de este año. De ellos, 1.330 corresponden a violaciones de derechos humanos, lo que revela un patrón de abusos graves y sistemáticos que afectan todos los aspectos de la vida en prisión, desde las condiciones materiales básicas hasta el derecho fundamental a la vida.
El estudio, basado en la verificación de casos en un contexto de opacidad informativa total, identificó 60 muertes bajo custodia estatal. De ellas, 47 están vinculadas a problemas de salud física y mental o a la falta de atención médica oportuna, y siete resultan de violencia física directa. “Ninguna de estas pérdidas de vidas ha sido objeto de investigación independiente e imparcial, perpetuando un patrón de impunidad que facilita la repetición de estos hechos”, refirió la ONG.
Las violaciones más frecuentes incluyen 1.176 incidentes de hostigamiento y represión, 555 denuncias sobre problemas de salud general, 454 casos de negación de atención médica, 341 relacionados con condiciones inadecuadas de vida y 260 referidos a deficiencias alimentarias. Estas cifras afectan a 548 víctimas individuales identificadas (508 hombres y 40 mujeres), además de 244 denuncias colectivas que reportan violaciones que alcanzan a la totalidad de la población penal en diversos centros.
Los métodos de tortura
El informe detalló cuáles son las prácticas de tortura y tratos crueles que aplica la dictadura cubana en sus cárceles e hizo hincapié en dos: el uso de la “cama turca”, que consiste en la inmovilización en posición fetal durante días; y “la bicicleta”, que obliga a caminar encorvado con las manos esposadas en la espalda.
Además, documentaron casos extremos de encierros de hasta tres años en celdas de castigo y el uso prolongado de esposas tipo “shakiras” (cadenas que inmovilizan manos y pies), que impiden realizar funciones básicas como comer o asearse.
Las condiciones materiales son descritas como infrahumanas: desnutrición masiva, suministro de agua contaminada, hacinamiento que obliga a dormir en el suelo y filtraciones permanentes en infraestructuras deterioradas.
La negligencia médica es una constante. El informe recoge la ausencia casi total de medicamentos básicos y la negación deliberada de atención, incluso en situaciones críticas. Un caso ilustra la gravedad: “Una reclusa se extrajo sus propios cordales (muelas de juicio) sin anestesia ni instrumental adecuado, ante la negativa reiterada de las autoridades a proporcionarle asistencia”, describió el escrito.
El trabajo forzoso es otra práctica extendida en las prisiones de la isla. Las personas reclusas deben cumplir jornadas laborales sin remuneración o con pagos muy inferiores a lo legalmente establecido, bajo amenaza de perder beneficios penitenciarios. La situación es especialmente grave para quienes están privados de libertad por motivos políticos, al menos 329 de las víctimas identificadas, que enfrentan niveles adicionales de represión, aislamiento sistemático y restricciones arbitrarias a la comunicación con sus redes de apoyo.
Impunidad estructural
El informe señaló que la impunidad estructural se sostiene en la ausencia de mecanismos independientes de supervisión. La Fiscalía General de la República, subordinada constitucionalmente al presidente, concentra la función de velar por los derechos de las personas privadas de libertad a través del Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios (CLEP). Sin embargo, el CLEP carece de independencia real para investigar abusos cometidos por otros órganos del Estado, lo que perpetúa la falta de investigación y sanción de los abusos más graves.
El análisis normativo revela que el marco legal cubano obstaculiza el acceso a mecanismos efectivos de protección y supervisión independiente. La Ley del Proceso Penal y la Ley de Ejecución Penal consolidan el control absoluto del Ministerio del Interior sobre el sistema carcelario, eliminando garantías procesales fundamentales y permitiendo la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y beneficios penitenciarios. El informe destacó que la ausencia de un reglamento penitenciario actualizado y la falta de publicidad de las normas internas generan inseguridad jurídica y facilitan decisiones arbitrarias.
En cuanto a la documentación de los abusos, los autores del reporte enfrentaron obstáculos significativos: vigilancia estatal, falta de acceso a información oficial, imposibilidad de ingresar a las prisiones, riesgo para quienes colaboran en la documentación y represión sistemática contra denunciantes. Estas condiciones han provocado un subregistro de la realidad penitenciaria, por lo que las cifras presentadas deben leerse como una muestra verificable de una situación mucho más amplia y deliberadamente oculta por el Estado, advirtieron.
El estudio también detalló casos representativos de golpizas, torturas físicas y psicológicas, humillaciones, abusos sexuales y violencia LGBTfóbica. Se documentan agresiones tanto por parte de las autoridades como de reclusos comunes utilizados como agentes de violencia contra presos políticos, en contravención de las Reglas Mandela de las Naciones Unidas, que prohíben que los reclusos ejerzan funciones disciplinarias.
