Asambleísta de Tarija denuncia que la Ley de Disposición de Recursos Financieros afectará los programas sociales

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La Asambleísta Romina Salazar lanzó duras críticas contra la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por la reciente aprobación de una normativa que, según afirmó, vulnera gravemente los derechos de la población. Se trata de la “Ley de disposición de recursos financieros”, impulsada por el Gobernador Oscar Montes, a quien señaló como responsable directo del contenido y la intención de esta medida.

“Quiero hacer conocer a la población la aberración que ha cometido la Asamblea Departamental, la cual aprobaron una ley criminal y abusiva”, declaró Salazar, asegurando que dicha ley fue enviada por el Gobernador y mantenida “bajo siete llaves”, sin socialización ni el conocimiento anticipado de los propios asambleístas

La legisladora expresó su indignación por la falta de transparencia en el tratamiento de la ley, especialmente en un contexto de crisis económica para muchos sectores. “Mientras la población necesita recursos económicos, este señor Gobernador ha cometido un atentado contra todos los sectores vulnerables”, denunció.

Advirtió además que, según el contenido de la normativa, se estarían desconociendo compromisos legales asumidos por la Gobernación, eliminando obligaciones respaldadas por leyes y decretos nacionales. “No se trata de aprobar la ley y como Gobernador va celebrar y disponer los recursos como a mí se me da la gana”, cuestionó con firmeza.

Salazar también criticó el respaldo mayoritario de algunos legisladores al proyecto. “Tiene una mayoría de 18 votos, asambleístas serviles e inconscientes de la legalidad y de sus actos porque aprueban cualquier cosa”, reclamó.

Hizo un llamado directo a los sectores perjudicados por la nueva ley. “Llamó a los sectores vulnerados y afectados a que manden sus notas a la Asamblea Legislativa Departamental para que ésta se pronuncie”, instó.

La asambleísta fue enfática en señalar que el Gobernador Montes actúa por venganza política, debido al rechazo social que enfrenta. “Nos quiere castigar y someter. Sin embargo, a mí no me van a callar”, afirmó.

Finalmente, advirtió que la ley aprobada es inconstitucional, ya que implica la suspensión de beneficios como la renta dignidad, el 20% de presupuesto a la UAJMS, títulos de bachiller, planes contra la violencia hacia la mujer, transferencias al Gran Chaco y apoyo a la cultura. “Es así que el Gobernador no quiere asumir sus competencias y no dar recursos que están dentro del POA”, concluyó.

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