La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en Tarija desmintió categóricamente que exista deuda pendiente por el pago de pensiones por Riesgo y por Vejez a favor del derechohabiente Vicente F. A., como fue denunciado por su apoderada ante medios de comunicación.
En una conferencia de prensa, la institución explicó que el trámite correspondiente concluyó el 26 de marzo de 2025, luego del fallecimiento de la señora Graciela Cruz, y que a partir de esa fecha se generaron dos pagos para el beneficiario. El primero, por concepto de Pensión por Riesgo de mayo de 2023 a abril de 2025 por un monto de Bs 42.332,52, y el segundo, por Pensión por Vejez del mismo periodo por un monto de Bs 38.702,04, los cuales no habían sido cobrados debido a un desconocimiento por parte del derechohabiente sobre la existencia de dos boletas de pago, situación atribuida a una información incorrecta proporcionada por su apoderada.
“Queremos aclarar a la población que, en fecha 26 de marzo de 2025, la apoderada fue debidamente notificada con el documento final del trámite: la Declaración de Prestaciones y Pagos del Sistema Integral de Pensiones, el cual fue procesado correctamente y cuyo resultado fue la habilitación de todos los pagos correspondientes a la prestación por Riesgo y por Vejez”, declaró la jefa Regional de la Gestora Pública en Tarija, Lindka Aramayo.
Aramayo precisó que la suma total habilitada a favor del derechohabiente asciende a Bs 81.034,56, e indicó que incluso el día anterior se comunicaron directamente con Vicente F. A. para reiterarle que podía pasar a cobrar su pensión.
Una última verificación realizada por la Gestora evidenció que el señor Vicente F. ya realizó el cobro de Bs 38.702,04 en una entidad financiera a primeras horas del viernes, lo cual, según la entidad, confirma que todos los procedimientos administrativos fueron cumplidos de manera regular, como se aplica a cualquier otro trámite de asegurados.
Respecto a las críticas sobre los cálculos realizados por la Gestora, se recalcó que estos son elaborados por personal especializado y conforme a la normativa vigente del Sistema Integral de Pensiones, por lo que cualquier observación que ponga en duda estos procesos carece de sustento y desinforma a la ciudadanía.
La institución reafirmó que no existe deuda pendiente con el beneficiario, y reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los aportes de los asegurados, en estricto cumplimiento de la ley.
