El analista político Esteban Ortuño expresó su preocupación por el impacto que las decisiones recientes en el ámbito legislativo podrían tener sobre el sistema institucional del país. Según Ortuño, los ciudadanos terminan atrapados en medio de conflictos legales que no deberían ocurrir si se respetaran los mecanismos establecidos por el Estado.
“Al final los ciudadanos nos quedamos al medio. De manera institucional, el Estado establece mecanismos, formas, salvoconductos para poder evitar este tipo de cosas”, señaló el analista.
Ortuño enfatizó que las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son de carácter obligatorio y no pueden ser desobedecidas ni tergiversadas, ya que su cumplimiento es fundamental para garantizar la estabilidad jurídica del país.
“Una cosa tiene que quedarnos bien claro: las resoluciones del Tribunal Constitucional son obligatorias, por eso no pueden ser tergiversadas”, afirmó.
En relación con la reciente aprobación de una ley que deja sin efecto la extensión de mandatos de los magistrados del TCP, Ortuño criticó que esta norma tenga serios problemas legales desde su origen.
“Es una ley que ya nace con vicios de nulidad, que se va contra sentencias del Tribunal Constitucional y no tiene que ser así”, indicó.
El analista instó a las autoridades a priorizar el respeto al marco legal y constitucional para evitar tensiones innecesarias que afecten a la ciudadanía y socaven la institucionalidad del país.
