El analista Henry Párraga, en exclusiva para La Voz de Tarija, explicó que la reciente decisión del Gobierno de elevar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responde a la necesidad de agotar todas las instancias legales en defensa de la democracia en Bolivia. Según Párraga, la denuncia surge a raíz de una controvertida resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que estaría afectando directamente el proceso de elecciones judiciales, previsto en la Constitución Política del Estado (CPE).
“El Gobierno tiene que agotar todas las instancias; está bien esa denuncia a la CIDH, donde hace conocer que el Tribunal Constitucional Plurinacional está atentando contra el sistema democrático del país”, señaló Párraga, subrayando la gravedad de la situación. En su análisis, remarcó que el TCP, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, está tomando medidas que parecen ir en contra de la misma normativa que debería proteger.
La CPE establece, de manera clara, que cada seis años deben realizarse elecciones para las autoridades del órgano judicial, lo cual garantiza el derecho político de los ciudadanos a elegir a sus representantes en el ámbito judicial. “La CPE establece que cada seis años tiene que haber elecciones de las autoridades del órgano judicial de manera exclusiva y de forma única”, afirmó Párraga. Sin embargo, la reciente resolución del TCP plantea una fragmentación de estos comicios, lo que, en palabras del analista, está «separando y dividiendo» el proceso electoral.
Párraga advirtió que esta división en el proceso representa un riesgo para el ejercicio democrático en cinco departamentos, entre ellos Tarija. Esta situación podría llevar a que los ciudadanos de estas regiones se vean privados de elegir a sus autoridades judiciales, situación que el analista califica de “atentado contra el ejercicio del derecho político”.
“Estamos al frente de auto prorrogados que buscan una prórroga más, seguramente con otro tipo de intereses”, afirmó Párraga, refiriéndose a las autoridades judiciales actuales que podrían beneficiarse de este retraso en el proceso electoral. En su opinión, la denuncia presentada ante la CIDH por el Gobierno refleja una preocupación legítima por el riesgo de que el sistema judicial permanezca en manos de autoridades cuyos mandatos ya han concluido.
La decisión de llevar esta denuncia a un organismo internacional muestra la intención del Gobierno de asegurar que el TCP respete la normativa nacional y los derechos políticos de todos los bolivianos, protegiendo la integridad de un proceso electoral único e indivisible. Esta medida podría generar un precedente importante en la lucha por la transparencia y la democracia en el país.
