Rodrigo Castillo, dirigente del barrio San Marcos de Tarija, ha expresado su apoyo a una propuesta que busca generar un ahorro significativo en el gasto público relacionado con los salarios de los legisladores nacionales. Según Castillo, la implementación de una ley que permita al suplente asumir la titularidad solo en casos de ausencia temporal o definitiva del titular podría ahorrar millones de bolivianos al Estado.
“Por ausencia temporal o definitiva recién el suplente podría asumir la titularidad, con esta ley nosotros vamos a ahorrar mucho dinero”, manifestó Castillo, quien argumenta que los actuales gastos en salarios tanto de titulares como de suplentes son excesivos y poco sostenibles en el contexto económico actual del país. Según sus cálculos, el Estado destina más de 40 millones de bolivianos en salarios para diputados titulares y suplentes, y alrededor de 13 millones de bolivianos para senadores en ambas categorías.
La propuesta que apoya Castillo plantea que el Estado podría reducir significativamente estos gastos si se establece un esquema en el que solo se pague el salario del suplente en caso de que asuma la titularidad por la ausencia del titular. “Con esta ley pagando 15.000 bolivianos a diputados, pagaríamos aproximadamente 24 millones de bolivianos. Lo mismo en senadores, se hace mucha diferencia en el pago de salarios”, explicó.
El dirigente subrayó que la iniciativa no solo busca aliviar la carga financiera del Estado, sino también promover una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos. En su opinión, la doble asignación de salarios a titulares y suplentes es innecesaria y representa un gasto que podría ser mejor utilizado en otras áreas prioritarias para el país.
Las declaraciones de Castillo llegan en un momento en que el debate sobre la racionalización del gasto público y la eficiencia en la administración estatal cobra relevancia en Tarija y en todo el país. La propuesta de ajustar la normativa para que los suplentes asuman solo en caso de necesidad apunta a una reforma que, según Castillo y otros defensores de la medida, podría contribuir a una mejor gestión de los recursos económicos en tiempos de desafíos financieros.
Mientras tanto, el planteamiento sigue generando discusión entre sectores políticos y sociales, algunos de los cuales han manifestado su apoyo a la iniciativa, mientras que otros consideran que se requiere un análisis más profundo antes de tomar cualquier decisión que afecte la estructura legislativa actual. Castillo, sin embargo, insiste en que la medida es necesaria y que los beneficios económicos superan las posibles complicaciones administrativas que pudieran surgir.
