El portavoz presidencial Jorge Richter afirmó que si Evo Morales estuviera seguro de estar habilitado para las elecciones de 2025 no estaría revolviendo el país ni pretendiendo la revisión o retire de la Sentencia Constitucional 1010/2023 que anuló la reelección indefinida en Bolivia.
«Si el señor Evo Morales sintiera, efectivamente, que está habilitado, pues no estaría revolviendo el país, ni retorciéndolo tanto para que esa sentencia pueda retirarse”, cuestionó en una entrevista en el programa Fama Poder y Ganas.
Se trata de la Sentencia Constitucional 1010/2023. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), basado en la Constitución Política del Estado, la Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y un informe de Comisión de Venecia anuló la reelección indefinida en Bolivia.
En criterio de Richter, esta sentencia “incomoda” a Morales porque será la base sobre la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá si está o no habilitado para presentarse, primero, a las elecciones primarias, y luego, a los comicios generales de 2025.
«Si él (Morales) quiere participar de unas primarias, tiene que estar habilitado para un proceso electoral. Si la sentencia, que va a ser revisada en el Tribunal Supremo Electoral, es interpretada por el Tribunal Electoral como que lo inhabilita, pues ése es el camino que ellos van a señalar”, argumentó.
En medio de ese escenario, Richter preguntó: “¿Por qué está buscando (Morales) que haya elecciones judiciales con una vocación que parecería institucionalista?, pero que no la es”.
Respondió que el expresidente “quiere que la nueva composición del Tribunal Constitucional le pueda retirar a él o revisar, cuanto menos, esa sentencia, para que no esté incómodo”.
De acuerdo con el portavoz, Morales “está imaginando que va a tener amigos y canales de comunicación con los potenciales nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional”.
De hecho, los seguidores de Morales insisten en que se apruebe el proyecto de ley 075 que ordena el cese de mandato de las actuales autoridades judiciales, que se mantienen en sus cargos porque no se eligieron a sus sucesores en elecciones judiciales que debieron realizarse en 2023. /ABI
