El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó a una mujer a diez años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral de tres adolescentes captadas en Bolivia para trabajar en un taller textil de la Ciudad de Buenos Aires. La condena en cuestión resulta ser la tercera vinculada a esta causa, ya que el esposo y la hija de la condenada también recibieron penas de cárcel el año pasado por el mismo ilícito.
La resolución estuvo a cargo de la jueza unipersonal Gabriela Elisa Catalano y recayó sobre la imputada Rosse Mary Aguilar García. La fiscal Paula Gallo, en tanto, fue la encargada de sostener la imputación contra la acusada del delito de trata de personas, agravado por la vulnerabilidad, la cantidad y la minoridad de las víctimas y por el número de imputados intervinientes, bajo la modalidad de captación y traslado, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La investigación había comenzado el 27 de febrero del año pasado a raíz de un control realizado por la Gendarmería Nacional en un colectivo de larga distancia en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia de Salta. Ese día, efectivos de la fuerza de seguridad federal requisaron la documentación de todos los pasajeros y detectaron que Karla Mamani Aguilar, la hija de la ahora condenada, no tenía documento para acreditar su identidad. Además, dos jóvenes de 16 años y una de 17 expresaron que eran sobrinas de ella, con quien viajaban desde Bolivia hasta Buenos Aires sin la autorización respectiva de sus padres ni las correspondientes tarjetas migratorias.
La Gendarmería dio aviso al Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta para iniciar una pesquisa que derivó en una condena impuesta en agosto de 2023 por la jueza Catalano a diez años de prisión contra Mamani Aguilar por ingresar al país a las tres jóvenes, captadas en Potosí, Bolivia, a través de un paso ilegal por el río Bermejo, en Chalanas. A esa resolución se le sumó la de su padre, Braulio Armella Mamani, condenado a cinco años de cárcel por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, por participar en el traslado de las víctimas.
En el caso de Aguilar García, la fiscal Gallo expuso que la mujer llevó adelante el rol de captar a las tres adolescentes, que trabajaban en una mina ubicada en la ciudad de Potosí “bajo un extremo grado de vulnerabilidad”, informó el MPF. Para lograr la captación, en coordinación con su hija y su pareja, les ofrecieron trabajar en un taller textil de la Capital Federal, en jornadas de 15 horas ininterrumpidas, de lunes a sábado, a cambio de 75 mil pesos semanales, comida y alojamiento.
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La mujer condenada les ofrecía a las tres adolescentes un pago semanal por 15 horas diarias de trabajo en un taller textil de la Capital Federal (Gentileza: Página 12)
De acuerdo a las actuaciones del caso, las tres víctimas afirmaron que fueron buscadas por la ahora condenada y su esposo, a quienes mencionaron como “Rosa” y “Braulio”. Todas precisaron que la imputada les insistió para convencerlas de ir a trabajar al taller, cuya propiedad ostentaba a través de imágenes que les mostraba con su celular.
Por su parte, la psicóloga Verónica Olguín Rufino dio cuenta, por medio de distintas entrevistas como responsable del Área de Atención a las Víctimas, que las tres adolescentes estaban en una condición de extrema vulnerabilidad como consecuencia de las tareas manuales que desarrollaban en la mina de Potosí de Bolivia,donde fueron captadas y donde vivían de forma precaria en único cuarto y alejadas de sus padres.
Bajo esos parámetros, la Defensoría Pública de Víctimas, a cargo de Nicolás Escandar, reclamó un pago de 2.628.816 pesos para cada una de las tres jóvenes en concepto de indemnización. La jueza Catalano accedió a ese pedido y dispuso que el cumplimiento de la medida quedase a cargo del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.
