A más de 10 años de su vigencia, la Ley 341 del Participación y Control Social no acaba funcionar en ninguno de los tres niveles de gobierno, porque carece de efectividad e incidencia política y económica sobre las autoridades para mejorar la gestión pública y la transparencia.
El consultor y especialista en gestión pública subnacional y autonomías, Fabián Yacsik y el presidente del Control Social de Bolivia, Hiram Levi Alacama, participaron en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol para analizar su aplicación efectiva de la ley promulgada el 5 de febrero de 2013 por el presidente Evo Morales.
Esa ley fue puesta en vigencia para borrar la Ley de Participación Popular de Gonzalo Sánchez de Lozada, que daba poder de fiscalización a los comités de vigilancia con relación a sus municipios. Morales quiso ampliar esas facultades y puso bajo el régimen de la Ley 341 a todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, entre otros.
“El papel aguanta todo, pero hay una suerte de crisis de efectividad en varios niveles. El control social tiene mecanismos laxos y no son muy claros para que la comunidad organizada desarrolle sus formas de participación y control social”, manifestó Yacsik.
