La decisión judicial de ampliar a seis meses de detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, por convocar al paro cívico de 36 días en 2022, responde a que la sociedad y el Estado no pueden permitir que las manifestaciones y protestas se conviertan en hechos vandálicos que terminen con la vida de los bolivianos, afirmó el vocero Jorge Richter.
La justicia boliviana dictó seis meses de detención preventiva para el gobernador cruceño por su participación en el paro cívico de 36 días en Santa Cruz, entre octubre y noviembre del 2022, que se convocó con el argumento de exigir el Censo de Población y Vivienda este 2023.
Camacho, junto al entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar, encabezaron las violentas movilizaciones y terminaron aceptando su organización para 2024.
“Hay cuatro familias incompletas que sufrieron a raíz del paro, cuando la violencia termina afectando las libertades, el derecho a la libre locomoción, transitabilidad, (…) se devela planes de atacar a determinadas poblaciones como la zona La Campana, el Plan 3.000, quemas de infraestructura, de bienes públicos del Estado y, adicionalmente, en desmedido esfuerzo para no abrir cualquier posibilidad de diálogo, se genera pérdida de 1.200 millones de dólares”, argumentó Richter en entrevista con la Radio Kawsachun Coca.
Remarcó que este caso debe ser investigado porque aún se deben establecer responsabilidades de orden personal no solo del Gobernador, sino también de los integrantes del Comité Interinstitucional por el daño económico cuantioso que se generó con el paro y porque se violaron derechos de la población utilizando la protesta.
Los datos oficiales establecen que por el paro de 36 días en el departamento cruceño, el sector privado perdió más de $us 1.200 millones y el sector estatal sufrió un daño de al menos Bs 300 millones.
La autoridad observó que después del paro nadie volvió a comentar sobre el tema del Censo, tampoco sobre el impacto económico que tuvo la medida.
Sin embargo, advirtió que en los titulares de los medios de comunicación se difunde información sobre la falta de liquidez de dólares dando voz a opositores al Gobierno.
Asimismo, se puede advertir que el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRAM), Vicente Cuellar, quien diariamente estaba en los medios de comunicación durante los 36 días del paro, no habla más del Censo.
Ahora, dijo el vocero, asumió otro tema para mantenerse vigente y proyectarse políticamente.
“Ya no es Censo, recursos, lucha contra la pobreza, ahora habla de la cuestión judicial para seguir proyectándose, no habla para mejorar cualitativamente la calidad de estudios en la universidad ni el acceso a conocimiento”, apuntó.
Recordó que la justicia, que investiga este caso, es la que fue denostada y la recolección de firmas por un grupo de juristas para un referendo para reformar la justicia no logró recabar ni el 50% de lo requerido.
