Valorando lo que manifiestan los expertos en sentido de que la crisis económica provocada por el COVID-19 recién se esta empezando a sentir en nuestro país, de allí la alza de precios, de allí la desaparición del dólar, situaciones estas que el Gobierno de turno no las quiere recocer, como ya lo hicieron algunos otros países Latinoamericanos, también urge reconocer que el desempleo se presenta como el primer indicador de alerta máxima sobre la magnitud de esta situación.
En ese rubro, Latinoamérica tiene los porcentajes más alarmantes, y como muchos indicadores negativos, “el desempleo es un indicador que muestra de manera equivalente, el número de puestos de trabajo que habría que crear en la economía para no subemplear a los trabajadores, ya sea por tiempo de trabajo -jornada inferior a la establecida- o por ingresos -salarios e ingresos por debajo del costo de la canasta familiar- como única forma para absorber a los desempleados”.
En Bolivia, los informes de la gestión 2022 señalan que el desempleo efectivo alcanzo al 11.8% según el INE y según los empresarios privados esa cifra no es real. Lo cierto es que las fórmulas que se utilizan para medir el desempleo son casi siempre poco realistas, ya que se han efectuado definiciones preconcebidas, por las que los ocupados, son aquellas personas que trabajaron por lo menos una hora en la semana, justo en la que se efectúa la encuesta, y no se incluye a quienes no estuvieron presentes en ese momento. Solo así se entiende que miles de personas que logran el pan del día de cualquier forma, no se las considera desempleadas.
A ello se debe agregar otra mala noticia que afectará al empleo nacional, y que es la caída de las exportaciones, que tampoco el Gobierno nacional quiere reconoce, pero que se sentirán ya en este 2023, situación que sin duda afectará a todos por igual.
Lo anterior demuestra la urgencia de un programa estructural de previsiones económicas, generación de empleo y atracción de inversiones. Esta es una situación apremiante que requiere de soluciones urgentes para enfrentar el ahondamiento de la crisis, que de por si vivimos a nivel mundial tras la pandemia del coronavirus.
La responsabilidad sin embargo no sólo debe ser estatal. La complejidad de la problemática requiere que el sector privado se incluya, y para ello, naturalmente es imprescindible que el Gobierno genere las condiciones adecuadas de seguridad económica y fiscal para las inversiones.
La actual administración de Luis Arce, desde el momento en que asumió el control del Estado, reconoció que el principal problema del país era el desempleo, durante su campaña política anuncio una decena de programas destinados a crear fuentes de trabajo.
Esperanzas, recursos, potencialidades reales y proyectos existen, lo que está faltando es la capacidad operativa y de gestión del gobierno, que han quedado subalternadas a la política y ya no solo a la pandemia.
