Uno de los mayores problemas de siempre, pero principalmente en este momento en que se habla de ‘dificultades bancarias’ por la de falta de dólares, de que desde el Gobierno dicen una cosa y la realidad es otra en el ámbito económico, es la subida de precios de los alimentos.
Nuestro énfasis, en esta columna editorial, será en relación a la producción agropecuaria. Como resultado de la liberalización de precios determinada, hace mucho tiempo atrás, por el famoso D.S. 21060, unido a la libertad para exportar e importar, excepto aquéllos prohibidos por ley, el aparato productivo nacional empezó a activarse.
La producción de las pequeñas propiedades de la parte andina e interandina, aunque deriva una buena proporción de ella al mercado, está grandemente orientada hacia la propia subsistencia familiar.
Lamentablemente, se mantiene en un nivel tecnológico rudimentario con bajos niveles de productividad, su capacidad de respuesta para contribuir a soluciones de un aumento en la producción es, por lo anterior, muy lenta. Por tanto, pensar que con el apoyo de algo inoperante, como el ministerio del ramo, va contribuir a resolver el problema es algo irreal.
La producción del oriente boliviano, particularmente, el área ‘integrada’ de Santa Cruz, debido al modelo de tenencia de tierra, con disponibilidad de superficies cultivables más amplias, mecanización y gradual mejora tecnológica, sobre todo en semillas, tiene mejores niveles de productividad y, por tanto, su aporte a la provisión de alimentos al país es substancial.
Lamentablemente, en los últimos años los fenómenos naturales que se dan a principios de cada año con las riadas pero también las quemas en unos casos por el descuido pero en el más de los casos por la desidia, le han causado serios daños en el proceso de producción, es fuertemente dependiente de insumos importados y del subsidio del diesel. En consecuencia, su producción ha caído, sus costos se han elevado, como se han elevado los precios agrícolas en casi todo el mundo por la pandemia del coronavirus aun latente. Las importaciones subsidiadas contribuyen a dañar aún más este importante aparato productivo, constituido además en un 70% por pequeños agricultores, procedentes en un elevado porcentaje de la parte andina del país.
¿Qué hacer? Como política nacional, preservar los avances que se han logrado en la diversificación productiva nacional. Restablecer la infraestructura vial dañada o darle mantención periódica a la que se tiene y también construir más vías que son el principal puente de la economía, apoyar a agricultores pequeños, medianos y grandes, con libertad de precios y créditos que les permita recuperarse de las enormes pérdidas sufridas por las llamadas ‘causas naturales’. El Ministerio de Agricultura, en lugar de convertirse en un despacho que apoya las importaciones, debería otorgar un fuerte respaldo a las fundaciones agrícolas regionales, para que sigan contribuyendo al avance científico en el cual se habían alcanzado logros interesantes, tanto en la parte andina como oriental del país.
