El Poder Judicial declaró infundada el recurso de apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo. En este sentido, el exmandatario continuará en penal de Barbadillo para cumplir 18 meses de prisión preventiva hasta que duren las investigaciones del Ministerio Público.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fue la encargada de ratificar la resolución que decidió el juez Juan Carlos Checkley. Esto, por el presunto delito de rebelión y conspiración en agravio del Estado.
Esta investigación se da por el fallido autogolpe de Castillo que anunció el pasado miércoles 7 de diciembre. Horas más tarde, el Congreso de la República decidió vacarlo con 101 votos a favor. Ante ello, el exjefe de Estado chotano deseaba ir a la Embajada de México en Lima para, probablemente, asilarse.
Sin embargo, su esposa Lilia Paredes y sus dos menores hijos sí se asilaron en el país azteca. Esto, luego que el Gobierno peruano otorgara los salvoconductos para que la familia del expresidente pueda arribar en México.
Pedro Castillo niega delitos
En la audiencia que se desarrolló el día de ayer, 28 de diciembre, el exmandatario indicó que no cometió ningún delito. Asimismo, recordó las muertes de los manifestantes en las últimas semanas que se han registrado en las regiones del país.
Además, sostuvo que su detención es “injusta” y calificó la prisión preventiva como “una venganza política”. “Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho”, precisó en la audiencia de manera virtual.
También solicitó una línea telefónica para comunicarse con sus padres y familia expresando que se “encuentra incomunicado”. “Debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico para poder llamar a mis padres y mi familia”, pidió.
Un abogado cuestionado
Wilfredo Robles es la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, en las últimas horas se ha cuestionado al letrado por ser detenido el 23 de julio de 1992, cuando se le incautó explosivos junto al grupo terrorista de Sendero Luminoso, de acuerdo con el diario Perú 21.
Debido a ello, el abogado del exmandatario tuvo una condena de 11 años de prisión, por lo que salió de la cárcel el 31 de enero de 2004. No obstante, no fue impedimento para que se alejara de este grupo, porque su firma aparecía en los planillones de planillones de rúbricas del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).
