Eduardo Claure
La institucionalidad se entiende como un atributo básico de la República, dentro de un Estado de Derecho. Por consiguiente, se entiende que, si un Estado en ejercicio de su plena soberanía configura su distribución política administrativa a la luz de la división de poderes, luego, esa República, se hará de todos los organismos que dirijan a la misma y su ejecución al servicio de su sociedad y en pos del bien común. Cabe señalar que no existe completo consenso del alcance que se debe otorgar al término, así algunos atribuyen su carácter normativo-administrativo como la particularidad determinante de la institucionalidad y diferenciadora de los demás métodos de ejecución estatal, sin embargo, otros la señalan como el apego de la sociedad contemporánea dentro del desenvolvimiento de las atribuciones gubernamentales, administrativas, constituyentes, legislativas y judiciales.
En líneas generales e intuitivas, debe entenderse que una sociedad o un Estado tienen su institucionalidad más avanzada y fuerte, cuanto más eficientes sean las normativas y leyes que se aplican, y cuantas menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones, tanto en su vigencia y aplicación. La institucionalidad dentro de un estado de derecho, es donde los procesos son el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. Por cierto, la transparencia, la predictibilidad, y la generalidad, están implícitas en él. Esto conlleva a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda también al desarrollo económico sostenible y a la paz social. Para tener un Estado de Derecho efectivo es necesario la institucionalidad dentro del Ordenamiento Jurídico como sistema.
La institucionalidad política, se refieren a la sociedad política, y que regulan la estructura y órganos del gobierno del Estado. Según el criterio presentado por la Unesco en 1948, referente a los objetos de estudio de la ciencia política, las instituciones políticas tienen relación con los siguientes conceptos: Constitución, Gobierno central, Gobiernos departamentales, el regional y Gobiernos locales, Administración pública, Funciones sociales y económicas del Estado y, finalmente, las Instituciones políticas.
Apelando a aquel concepto, el INE debiera estar libre del manoseo político perverso. Entonces, la importancia de la institucionalidad, en este caso del INE y la realización del CNPV, debiera ser un censo institucional y no de consenso, no de arreglo político partidario. El uso de esta artimaña burda y torpe (consenso), además, abusiva, debe evitarse, si es que estamos en un Estado de Derecho. En este contexto, el INE debiera recuperar su institucionalidad, para realizar un censo, como corresponde: recuperando su institucionalidad. Debiera ser una entidad pública libre, autónoma, no bajo dominio abusivo político partidario con resultados estadísticos ladinos, al igual que el padrón electoral.
El buen funcionamiento de toda organización depende, no solo de la claridad de las normas que la rigen y los recursos con que cuenta para desarrollar su labor, sino especialmente de la preparación y el compromiso de las personas vinculadas a ella. De esta forma, una entidad no queda al vaivén de las circunstancias, cada vez más cambiantes, y de los “timonazos” que de manera reactiva pudieran dar los políticos, sus directivos y funcionarios; por el contrario, tiene capacidad para sortear con serenidad las crisis, sin perder el rumbo o verse obligada a detener su marcha. Es en estos momentos cuando se pone a prueba la institucionalidad. Si todos sus miembros permanecen unidos en torno a los objetivos e ideales que comparten, cada uno al frente de sus deberes particulares, atentos a nuevas directrices, a las medidas de excepción y los ajustes que se hacen necesarios para asegurar la continuidad de las actividades regulares, las entidades pueden salir adelante, fortalecidas por la experiencia y las lecciones aprendidas. No en vano se afirma que, en las crisis, junto a los peligros, siempre surgen oportunidades.
Cuando se habla de institucionalidad se hace referencia a una cualidad que, a lo largo de su historia, adquieren en mayor o menor grado las organizaciones o entidades constituidas en la sociedad, según su ámbito de acción. Creadas con fines y naturalezas muy diversas, las instituciones públicas o privadas, lo mismo que políticas, militares, educativas, religiosas, entre otras más, se crea el entramado de un tejido social que sirve de soporte para la vida de los ciudadanos. Se podría decir que, así como en un país es fundamental el nivel de desarrollo y la solidez de sus instituciones, en una entidad lo es el grado que alcance su institucionalidad. Muy conocida es la frase del político y hombre de negocios francés Jean Monnet (1888-1979), “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”. Sin embargo, se olvida que el autor completó su planteamiento con la siguiente premisa: “nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones”. En efecto, ese indisoluble vínculo entre personas e instituciones, entre transitoriedad y permanencia, nos ilustra sobre el valor que tiene la perspectiva institucional. Por lo general, una institución se crea teniendo en mente que perdurará, que sobrevivirá a sus fundadores y que en manos de las nuevas generaciones y frente a circunstancias diferentes, continuará dando cumplimiento a sus objetivos y renovando su vigencia.
Lo que ha sucedido en Bolivia durante los últimos 16 años a causa del Socialismo del Siglo XXI y del proceso de cambio y su acelerada expansión por diversos países, ha puesto a prueba la institucionalidad de todo tipo de entidades y organizaciones. Esto es lo que ha sucedido con el INE. No ha sido fácil prepararse para los imprevistos que provocó ese movimiento regional, para enfrentar un enemigo desconocido que no se sabía exactamente cómo actuaba ni por cuánto tiempo estará afectando el escenario de nuestra vida; y el asunto cobra aún mayor relevancia, si consideramos que tal vez ese enemigo, como se ha dicho, ha llegado para quedarse, y, por lo tanto, no podía esperarse que pase la tormenta y retorne la llamada normalidad. Es así como debiéramos reconocer que el mundo ha cambiado -globalizado- y, que se han establecido nuevas formas de comportamiento social y que los recursos tecnológicos han adquirido un protagonismo mayor en diversos ámbitos de la vida cotidiana. En el INE, una institución que completa siete décadas de labores en el periodo contemporáneo de su historia, la institucionalidad también ha sido puesta a prueba. Ha cambiado ejecutivos como calcetines, sus plantas técnicas, igualmente han tenido una dinámica de todos los signos y colores, según el vaivén político de turno. Sin embargo, según cada censo y su naturaleza también se dan torbellinos políticos. Basta recordar que el II Censo Nacional Agropecuario, que inicio actualización cartográfica precensal en abril de 1979, culminó la fase final censal propiamente en 1984. Todo este retraso por que la CSUTCB y filiales, así como la COB -su aliado natural-, se opusieron tenazmente a su realización, so pretexto que se implantaría un Impuesto Rural a la propiedad agraria, a la producción y tenencia de ganado, además que si se establecían tierras individuales, familiares o comunales abandonadas -así fuese temporal- el gobierno revertiría esas extensiones a dominio del Estado. Esos sí, eran problemas. Además, que, en ese periodo, se hablaba mucho de una nueva Segunda Reforma Agraria y circulaban propuestas desde las bases campesinas y de partidos políticos, lo que daba sabor a ese proyecto censal, que finalmente con atraso de más de tres años, se concluyó. Además, fue ese periodo, de los últimos gobiernos militares: complicada la cosa.
Este entuerto político azul, debiera asegurar la continuidad del desarrollo institucional del INE en un contexto diferente, partiendo de un censo el próximo año 2023, permitiendo así, que continúe prestando el encomiable servicio al país, según el concepto que tiene desde su creación. Es verdad que nos ha tocado enfrentar una crisis censal sin precedentes y, que aún tiene en vilo al país, dado que los resultados censales darán vigencia a un reciclaje de la dictadura o posibilitará que el país y su población entienda que debe reconfigurarse un nuevo mapa político, debe hacer un nuevo pacto fiscal y principalmente, debe haber una nueva distribución de escaños parlamentarios. Solo así, se pacificará a una Bolivia unida y única.
